'Qué agradable era el país cuando solo robaban los ladrones': Gossaín

'Qué agradable era el país cuando solo robaban los ladrones': Gossaín

Me duele en el alma tener que decirlo, pero el país apesta por los cuatro costados.

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15 de noviembre 2015 , 08:35 p.m.

La corrupción está fuera de control y, sin embargo, nosotros la toleramos como si fuera la cosa más natural del mundo. Aquí la gente bloquea la entrada de un pueblo porque la carretera no sirve. Aquí arman un desfile por la principal avenida del barrio porque los vecinos llevan tres días sin señal de televisión. Pero aquí nadie se indigna ni protesta porque no hay justicia. Y la justicia es el más importante de todos los servicios públicos.

Por amarga y triste que sea, la verdad escueta es que nos hemos acostumbrado a vivir entre la inmundicia, y a convivir con ella. Como en el tango de Discépolo, “cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón”, y en la Colombia de estos tiempos “da lo mismo ser derecho que traidor”. (Lea aquí: Los mares de Colombia se 'ahogan' en basura)

Las investigaciones internacionales más confiables confirman que Colombia es, según la percepción de sus propios habitantes, que llega ya al 79,6 por ciento, el segundo país más corrupto de América, de toda América, desde Alaska hasta la Patagonia. Solo nos supera Venezuela, con el 80 por ciento, lo cual significa que apenas nos separan cuarenta centésimas.

Es tan vertiginosa la sensación ciudadana de que la inmoralidad nos está devorando que en el 2010 era del 56 por ciento, lo que significa que en solo cinco años aumentó un 23,6 por ciento. Según las respuestas que dan los propios colombianos, la corrupción es tan grave que le hace más daño al país que otras desgracias nacionales, como la violencia o el desempleo.

Lo más inquietante es que, lejos de reducirse, cada día surgen nuevos escándalos, más preocupaciones, peores estrépitos, mayores vergüenzas. Para esta crónica escogí tres o cuatro casos de la última semana, antes de que sean sepultados por otros y nadie vuelva a acordarse de ellos, arropados por el olvido, que es lo más conveniente para los culpables.

La electricidad

En diciembre del 2006 el Gobierno decretó un tributo al consumo de energía eléctrica, llamado “Cargo por confiabilidad”. Desde entonces, hace nueve años, los usuarios han tenido que pagarlo obligatoriamente, cada mes, al cancelar su factura. Nos dijeron que esos fondos servirían para garantizar que, en caso de escasez de agua, como está ocurriendo ahora, pudiéramos contar con la capacidad suficiente para producir energía distinta a la hidráulica, con reservas de gas, carbón y líquidos derivados del petróleo. (Vea: Pueblos inesperados y letreros curiosos en un viaje por dos carreteras)

Como en este preciso momento el fenómeno del Niño se ha agravado, escasean las lluvias y nos anuncian nuevas alzas en las tarifas y probables racionamientos, ahora es cuando los colombianos queremos saber en qué se gastaron nuestro dinero.

Ahora que se necesita esa plata queremos saber dónde diablos está. Que nos digan si fue invertida en lo que corresponde, es decir, en aquello que sirva para evitar apagones y carestías. El asunto es tan delicado que el propio procurador general, Alejandro Ordóñez, pidió públicamente que nos expliquen qué fue lo que hicieron con más de 16 billones de pesos –16 millones de millones, nada menos– que en los últimos 108 meses fueron recaudados para el “Cargo por confiabilidad” (¿confiabilidad? No me hagan reír).

Un cobro excesivo

Investigando por todas partes, me detengo a conversar con un auténtico experto en la materia. Es uno de los funcionarios más importantes y respetados del sector eléctrico. Le pido que hablemos con franqueza.

–Con crudeza, si usted quiere –me dice–, y con el corazón en la mano. (Lea: Busetas y buses, un lienzo para plasmar el arte popular)

Me pide que le garantice la reserva de su nombre. Le doy mi palabra de honor.

–En el año 2006 se acordó el cobro de esa sobretasa como una especie de seguro que pagarían los usuarios. La idea era evitar que el fenómeno del Niño volviera a sorprendernos y se repitieran los terribles apagones de 1992.

Lo malo es que el Gobierno permitió que todo el mundo metiera su mano en la preparación de los decretos, se impusieron los intereses económicos, cada uno cortaba su propia tajada y nadie se acordó de la gente anónima que paga los recibos.

–Por eso –agrega mi interlocutor–, lo que el usuario ha pagado en estos nueve años para el “Cargo por Confiabilidad” es un exceso bárbaro. Lo que le cobran mensualmente es desproporcionado.

‘Ya es muy tarde’

–¿Y aun así –le pregunto–, estamos en riesgo?

–Es que el plan quedó tan mal diseñado que ahora van a tener que subir las tarifas, uno de los riesgos que se trataban de evitar cuando se impuso ese sobrecargo. El otro es el racionamiento, y tampoco estoy seguro de que lo podamos impedir.

El panorama se ve más sombrío a medida que seguimos charlando. Entonces le pido su opinión sobre las recientes medidas tomadas por el Gobierno para evitar un racionamiento eléctrico en el futuro inmediato.

–Esas medidas –me contesta–, que tantas reacciones han provocado entre los ciudadanos, son un poco tardías. Tenían que haberlas tomado hace tres o cuatro meses. Es probable que ya no surtan efecto.

–Y si eso se sabía –le pregunto–, ¿por qué no las tomaron en aquel momento?

Pone una dolorosa cara de tristeza. Baja la voz. Hay algo de amargura en su acento cuando, al fin, me contesta:

–Porque estábamos en vísperas de elecciones…

Celulares y millones

Ya que hablamos del tema, déjenme contarles que a mediados del mes pasado, cuando se acercaban las recientes elecciones regionales, numerosos usuarios de teléfonos celulares descubrieron alarmados en varias ciudades del país, empezando por Bogotá, que les pedían su voto a través de llamadas y hasta les ofrecían dinero por él.

No se trataba solamente de un terrible delito penal, y de un monstruoso golpe contra la ética pública, sino también de una violación de su derecho a la intimidad.

Los usuarios nunca pudieron saber quién les había suministrado sus números y sus nombres a los que llamaban.

La corrupción electoral en este país es cada año peor. La compra de votos, por ejemplo, se inició en la región Caribe, aunque nos duela admitirlo a quienes somos oriundos de esa zona, pero ya hizo metástasis en todo el cuerpo de la nación. Se regó como un cáncer.

En Medellín, según el relato que me hizo un candidato al Concejo, el 25 de octubre pasado costaba 330 millones de pesos la elección de un modesto edil de barrio.

¿Cuánto vale, entonces, la de un senador?

En Barranquilla, quince días después de las elecciones, la Fiscalía tuvo que decomisar 45 computadores de los escrutinios para investigar si es cierto que hubo fraude.

La prensa

La degradación política está llegando a tales extremos que en algunas regiones de Boyacá y el Valle del Cauca se descubrió que ciertos candidatos ya no se conforman con comprarle su voto al elector, sino que, además, ahora compran por paquete entero a los jurados de una mesa de votación para que cambien los resultados en los formularios que llenan.

A todas estas, y ante semejante panorama, ¿cómo reacciona la prensa, que es el único guardián que le queda al manicomio? La revista Semana, en una crónica que no lleva firma, hace un cálido elogio de las victorias obtenidas por el vicepresidente Vargas Lleras y su partido Cambio Radical en el Caribe. Transcribo el comentario textualmente:

“Que un cachaco triunfe en esa zona no es poca cosa. Obviamente esas victorias se basaron en uno que otro aval cuestionable y algunas transacciones poco éticas. Pero en el mundo de la política las cosas funcionan así. Y aunque los votos son más de maquinaria que de opinión, eso le da más solidez a la victoria de Vargas, pues la opinión cambia y la maquinaria, cuando está aceitada, repite”.

Al terminar esa lectura me quedé pasmado. ¿De modo que ahora las martingalas electorales merecen aplauso porque lo importante es ganar, no importa cómo?

¿Y, por el contrario, desprecian a la opinión pública frente a lo que ellos mismos llaman “maquinaria aceitada”? ¿Aceitada con qué? ¿Y por quién?

El caso de los investigadores

Antes de que la frenética velocidad de la corrupción cambie de tema, voy a mencionar el horripilante descubrimiento hecho por los reporteros de la Unidad Investigativa de este periódico.

Funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de controlar a fabricantes y vendedores, se peleaban las investigaciones para establecer si los empresarios habían cometido atropellos contra su clientela. En un dos por tres condenaban a las víctimas aunque no hubiera motivos.

En seguida renunciaban a sus cargos, fundaban falsas organizaciones cívicas con un supuesto carácter humanitario, demandaban a las empresas por miles de millones, basándose en los fallos que ellos mismos habían preparado, y se embolsillaban esa plata, haciendo creer que era para indemnizar a la comunidad afectada con los abusos imaginarios.

Epílogo

Como si todo eso fuera poco, la escandalosa estafa de Interbolsa está a punto de quedar en la impunidad, lo mismo que el saqueo cometido con el ‘carrusel’ de contrataciones en la Alcaldía de Bogotá. Ni hablemos de la salud o las escuelas.

Varios organismos internacionales nos han advertido que el mayor obstáculo para invertir en Colombia es la corrupción. Un exministro me dijo en cierta ocasión, con desconsuelo, que “el mejor negocio de Colombia es el Estado”.

Ya sabemos que aquí no hay justicia. Pero lo cierto es que tampoco se aplica la sanción social: los ladrones andan por la calle, se codean con la clientela en los restaurantes más lujosos, todo el mundo les da la mano, almuerzan en los clubes sociales, van a cocteles, sonríen en las fotos de las páginas sociales. Y, mientras tanto, la corrupción destruye lo que nos queda de país.

La semana pasada, conversando por teléfono, un amigo bogotano me dijo, sin ninguna pizca de humor: “Qué agradable era este país cuando los únicos que robaban eran los ladrones”.

JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO

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