Menos de un mes después de que la Fiscalía le imputó cargos al electo alcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra por el delito de urbanización ilegal.
Con esa decisión, la Fiscalía puso el acelerador al proceso para que un juez de Bogotá emita una sentencia en contra de Torres, quien el pasado 15 de octubre, en audiencia en los juzgados de Paloquemao, aceptó su responsabilidad en ese delito, por el que podría recibir una pena de hasta cinco años de cárcel.
De darse la condena antes de que termine el año, Torres quedaría inhabilitado para sumir como alcalde. De lo contrario, podría posesionarse en la cárcel La Modelo, donde permanece, ante un notario.
Fuentes en Yopal dijeron que de darse ese escenario, Torres tendría un plan B: otorgarle facultades a su sucesor en el movimiento político La Bendición, para que ejerza como alcalde. En ese caso, sería el exsenador Carlos Cárdenas Ortiz.
Pero también apuestan a conseguir que un juez avale que Torres se retracte de la aceptación de los cargos. Y a finales de este mes su defensa solicitará la libertad.
Entre tanto, la Fiscalía señaló en el documento de acusación que Torres fraccionó y vendió lotes en tres predios “sin contar con permiso o licencia urbanística y ambiental para ello”.
Los investigadores señalan que Torres firmó una promesa de compraventa de los predios el 30 de enero del 2014, aprovechando que un recurso judicial había frenado la ocupación por parte de las autoridades de los terrenos que eran parte de un proceso de extinción de dominio por estar vinculados con el narco Germán Gonzalo Sánchez, ‘Coletas’.
Igualmente señalan que Torres “tenía conocimiento de la medida cautelar que afecta dichos predios”.
Añaden que cuando representantes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra los bienes decomisados a la mafia, visitaron los lotes en julio del 2015, ya habían construido ilegalmente 127 manzanas y entre 2.500 y 3.000 casas. En el expediente aparece que la venta de los lotes se realizó en las instalaciones del establecimiento comercial Caricias Íntimas, propiedad de Torres.
La Fiscalía, además, hace referencia a una decisión del Tribunal Administrativo de Casanare que calificó a Torres como “el empresario que generó una problemática social al no acatar las normas que regulan la materia ambiental”.
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