Los afanes de la paz

Los afanes de la paz

Para lograr la paz, no se puede atacar ni distorsionar el ordenamiento jurídico.

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14 de noviembre 2015 , 08:46 p.m.

Tanto al proyecto de acto legislativo para la paz que va para tercer debate como el proyecto de ley que anunció el Ministro del Interior sobre la realización de un plebiscito son producto de la precipitación y de ausencia de una estrategia jurídica y política.

En ese sentido, la presentación de los proyectos yerra por tres razones.

En primer término, es entendible que el Gobierno sea imaginativo en la manera de encontrar caminos para la refrendación y el desarrollo de los acuerdos. Sin embargo, el tacto político debe estar en el orden del día. Por ello, es inaceptable que el Congreso de la República no espere conocer el contenido del acuerdo de justicia contentivo de la “jurisdicción especial de paz” para incluirlo en un acto legislativo que permita que la justicia transicional ingrese a nuestra carta política.

En segundo lugar, la prisa del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de tramitar una ley estatutaria para darle vía libre a un plebiscito que les permita a los ciudadanos pronunciarse sobre el acuerdo de paz no es pertinente por tres razones:

i) El acuerdo de paz no debe ir a plebiscito, sino debe firmarse como un acuerdo especial a la luz del Derecho Internacional Humanitario, lo que genera su ingreso a la Constitución a través del “Bloque de Constitucionalidad”. Sobre este aspecto, como lo recordó el tratadista Luigi Ferrajoli en su reciente entrevista con la revista ‘Semana’, la consulta “es impropia desde el punto de vista jurídico y teórico porque la paz es el valor supremo y que vivir en guerra es absurdo.” Adicional a esto, permitir el plebiscito llevaría a que se requiriera la aprobación de la iniciativa con más de la mitad del censo electoral. Esa cifra estaría en 16’910.099 de colombianos. Imposible de lograr.

ii) La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 22 que la paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento, al tiempo que el artículo 95 indica que las personas que participen en la vida política, cívica y comunitaria deben propender al logro y mantenimiento de la paz. No se requiere preguntar sobre si se está a favor en contra de la paz, toda vez que para la Constitución la paz es un mandato y porque Juan Manuel Santos fue elegido para hacerla.

iii) Las FARC y el Gobierno no han llegado a ese punto de la discusión. En ese orden de ideas, temas no planteados en La Habana (Cuba) pueden terminar generando una pérdida de tiempo y de energía parlamentaria, como ocurrió con el Acto Legislativo No. 02 de 2012 que estableció el Marco Jurídico para la Paz.

En tercer lugar, debe indicarse que el acto legislativo que permite la creación de una Comisión Legislación Especial o que el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República conllevan un peligro de sustitución de la Constitución de 1991. Esta sustitución se verificaría a través de la limitación de la iniciativa legislativa, la alteración del número de debates necesarios para la aprobación del acto legislativo, al igual que la variación de los umbrales establecidos en la Constitución de 1991 para los mecanismos de participación ciudadana. Ni hablar de la posible desaparición del control de constitucionalidad de la iniciativa.

En síntesis, podríamos concluir que: i) El Gobierno y el Congreso de la República se precipitaron en la presentación del acto legislativo y del proyecto de ley sobre plebiscito. El Congreso debió esperar el acuerdo de justicia para proceder a su incorporación a través de un acto legislativo. ii) El acuerdo de paz no debe ser plebiscitado, sino incorporarse a la Constitución a través de un acuerdo especial. iii) No es posible hacer una constituyente soterrada a través de un acto legislativo porque conllevaría una sustitución a la Constitución de 1991.

Si se pretende hacer ajustes para lograr la paz, que es el propósito de la gran mayoría de los colombianos, no se puede hacer atacando y distorsionando el ordenamiento jurídico. Es preferible que se intente una Constituyente limitada que desarrolle los acuerdos logrados –artículo 376 de la C. P–. Esa es la legitimación democrática que requiere el proceso, y no otra.

La paz debe ser consensuada y hacerse bien. La improvisación, la revancha y el ego resquebrajan el ordenamiento jurídico. El país debe buscar la armonía pero no a través del desorden.

FRANCISCO BARBOSA
Ph. D. en Derecho Público (Universidad de Nantes, Francia), profesor de la Universidad Externado de Colombia.
@frbarbosa74
margencultural.blogspot.com

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