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Editorial: Mirada a La Habana

Las Farc deberían tener más mesura al destapar sus cartas frente a los micrófonos.

EL TIEMPO
Tres años son tiempo suficiente para hacerse una idea clara de las dinámicas propias de una negociación como la que llevan a cabo el Gobierno y las Farc en La Habana. Entre ellas, la diferencia de tono y, en ocasiones, de reivindicaciones entre los discursos y las posturas que se expresan en la mesa y aquellas que se esgrimen delante de las cámaras, en particular en lo que concierne a la agrupación insurgente.
Aun así, algunas aspiraciones presentadas por los hombres de ‘Timochenko’ han lucido particularmente sobredimensionadas e incluso exorbitantes. Es posible utilizar como ejemplo la que toca a las reformas de los medios de comunicación, que deja muchas preguntas en el aire respecto a qué tan sintonizada está con el necesario respeto a la libertad de prensa. Y otra más reciente, la conocida a comienzos de la semana que termina, en la que plantean una asignación directa de curules “durante al menos dos períodos”.
Antes habría que precisar que el hecho de que con tanta frecuencia el debate público sobre los diálogos se base en lo que los miembros de la organización insurgente expresan ante la prensa tiene como consecuencia una distorsión en la información que alimenta la imagen que los colombianos construyen de este intento de paz.
Y es que muchas de ellas, como las que hablan de cambios de fondo en el modelo económico, no deberían siquiera contemplarse. Está claro que incursionan en terrenos que, como ya lo han aclarado los voceros gubernamentales, están cerrados. Son estas mismas reglas las que, paradójicamente, al darle un carácter tan reservado a lo que ocurre en la mesa, hacen inevitable este doble flujo de novedades. Es un costo difícil de evadir. Ahora bien, ello no impide señalar dos aspectos.
Uno es que, como ya lo mencionamos, tal situación entraña el poco despreciable riesgo de agotar el margen de espera que la opinión pública le ha dado al proceso. El motivo es que se están quemando cartuchos que bien podrían ahorrarse para cuando la discusión se fundamente en lo que ya fue acordado. El segundo es que ventilar estos anhelos sirve para ir conociendo las ideas que nutrirán las propuestas que los integrantes de esta guerrilla, una vez desmovilizados, pondrán a consideración de la gente.
Tal tanteo es de doble vía. Implica para las Farc enterarse de reacciones en las que se expresan reservas frente a estas, tal y como las que se han registrado ya. Saber que no pueden pretender que el tamaño de la representación –si hablamos de curules– no coincida con la proporción real de la población que está dispuesta a entregarles dicha confianza. Esto no supone estar en contra de que lo pactado incluya el facilitar, por obra y gracia de haber acordado dejar las armas, su llegada a instancias colegiadas. Y si esta estrategia de las Farc merece las anteriores reflexiones, conviene referirse a la manera como el Gobierno, también esta semana, empezó a abrirle camino a la refrendación popular, otro aspecto fundamental del proceso.
Al respecto hay que comenzar por valorar el que el presidente Juan Manuel Santos haya mantenido su palabra de que lo que se acuerde tendrá que ser llevado a las urnas. Pero ello no obsta para advertir los riesgos que entraña la forma en que se pretende modificar las reglas vigentes para el plebiscito, en particular la pretendida disminución del umbral requerido para que la decisión popular tenga validez. Según acordaron las distintas corrientes políticas, el texto de la reforma de la ley que reglamenta este mecanismo permitiría que, con poco más de 4 millones de votos a favor de un sí a los acuerdos, este sea refrendado.
Lo que inquieta de la modificación es el precedente que crea. Cuando los legisladores establecieron el umbral vigente –la mayoría del censo electoral, unos 17 millones de sufragios–, lo hicieron a sabiendas de que el valor de este tipo de herramientas está definido por una contundencia que puede ser de doble filo. Por ello, su uso debe estar restringido a casos en que realmente es necesario. La razón es que, al estar más ligada a la democracia directa, puede minar la esencia representativa de la de nuestro país. Sin duda, estamos ante una circunstancia especial y extraordinaria, pero es cierto también que la ley seguirá después vigente, lo cual conlleva que la herramienta que antes estaba en lo alto del escaparate ahora quedará en una ubicación mucho más accesible.
De igual forma, existe el riesgo de que una cifra tan baja de votos logre la refrendación, sí, pero quede pendiente la legitimidad de lo convenido. Si fuese mayor la cantidad de apoyos, esto acarrearía la construcción de un consenso entre distintos sectores, algo que, en el escenario propuesto, no haría falta.
Es de esperarse, pues, que estas consideraciones se tengan en cuenta en el debate de una iniciativa que, por su importancia, de ningún modo puede tomar la senda del pupitrazo.
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