Así se roban 16 mil barriles de petróleo al mes

Así se roban 16 mil barriles de petróleo al mes

Guerrilla y bandas 'ordeñan' los oleoductos para obtener el petróleo que usan en el narcotráfico.

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14 de noviembre 2015 , 06:29 p.m.

Cada día, los oleoductos del país son desangrados a un ritmo de al menos 24 barriles por hora. Ese es el volumen de crudo que se roban la guerrilla y las bandas criminales a través de válvulas hechizas por las que el país ha perdido este año por lo menos diez millones de dólares.

Eso es lo que valdría el petróleo puesto en los buques cargueros. Pero el daño ambiental asociado a esta práctica es mayor, porque los que ‘ordeñan’ el oleoducto dejan a su paso ecosistemas muertos.

La mayor cantidad de los hurtos afecta al oleoducto Trasandino, en el suroccidente del país. Según Ecopetrol, las pérdidas de ese solo sistema son de 8,5 millones de dólares a lo largo del tubo que va desde Orito (Putumayo) hasta Tumaco (Nariño). De los 160.251 barriles que este año se han robado en el país, el 92 por ciento (147.693) son de este oleoducto.

En el último lustro, la cifra del saqueo llega a 1,1 millones de barriles. Es el equivalente al total de lo que producen todos los pozos petroleros del país en un día.

Barbacoas, Puerres y Tumaco son las poblaciones nariñenses donde más se ve este delito. El general Luis Fernando Rojas, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso, afirmó que 343 válvulas han sido selladas por las tropas en lo que va corrido del 2015. Una vez es detectada la fuga, se coordina con los ingenieros de Ecopetrol para que reparen el tubo. Esta labor se hace una vez la zona es asegurada, pues por lo general los ladrones minan los sitios.

“Quienes instalan estas válvulas buscan siempre lugares de difícil acceso donde el tubo está por encima de la tierra. Utilizan un dispositivo que perfora el acero, y a través de una manguera vierten el crudo hacia una especie de piscina cavada en la tierra, que sirve de almacenamiento”, dice Rojas.

Este vertimiento origina un daño ambiental irreparable: contaminación del suelo, convirtiéndolo en infértil, y de las fuentes hídricas de las que se sirven algunas de las comunidades más aisladas y pobres del país. Además, la flora y fauna de la región están desapareciendo.

Aunque se conocen más sus ataques contra la infraestructura petrolera –que este año provocaron una enorme tragedia ambiental por el crudo que recorrió centenares de kilómetros de río, hacia el Pacífico– las Farc le sacan provecho al petróleo que sale de las selvas del Putumayo hacia el puerto. Así, la columna ‘Daniel Aldana’ y varias bandas criminales que operan en la región tienen decenas de válvulas que controlan celosamente.

El crudo que se extrae es usado, principalmente, para el procesamiento de cocaína. Pero para eso tienen que convertir el crudo en gasolina, proceso que hacen en refinerías artesanales que dejan una devastadora huella ambiental.

“Los residuos de estos procesos son arrojados a los ríos o a la selva sin ningún miramiento”, dijo un investigador ambiental.

Esa gasolina fabricada también es empleada para alimentar las plantas eléctricas con las que ponen a funcionar los equipos (usualmente, secadoras) que se requieren para obtener la pasta de coca.

El año pasado se destruyeron 150 refinerías piratas, y en los primeros nueve meses de este año se han desmantelado 135. “Entre el 2014 y el 2015 hemos recuperado 2’345.473 galones de crudo en Nariño”, asegura el general Rojas.

También el Eln

Al otro extremo del país, en Arauca, también están desangrando las finanzas nacionales. En municipios como Saravena, el frente ‘Domingo Laín’, del Eln, tiene sus propias válvulas para extraer el petróleo. En Casanare, entre tanto, han hallado este año siete válvulas irregulares que eran utilizadas por bandas de delincuencia común.

Aunque las penas por robo de hidrocarburos pueden ir de 8 a 15 años, los expertos señalan que deben ser más fuertes, sobre todo en lo que se refiere al daño ambiental, que es incalculable, y muchas veces irreparable. La directora de la Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, Gloria Amparo Rodríguez, dice que desde la academia se ha pedido que se impongan condenas más fuertes.

Este año van 75 capturas, y una dificultad que han encontrado las autoridades es que los jueces conceden la libertad con el argumento de que los responsables no representan un riesgo para la sociedad.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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