A mitad de semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso que contra el Estado Colombiano se sigue por la muerte de Nelson. Esta nueva etapa permite que tanto los demandantes como el Estado presenten sus respectivos argumentos para que luego la CorteIDH analice si el Estado es responsable o no por la muerte del comunicador.
Según la CIDH la muerte de Carvajal sucedió con el objetivo de “silenciar su trabajo como periodista en la revelación de actos ilícitos cometidos bajo el amparo de autoridades locales” y añade que en este caso no se adoptaron las medidas necesarias de protección ante las amenazas en su contra, ni contra la familia y testigos.
Este caso, señala el organismo internacional, ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice su jurisprudencia en relación con la obligación de los Estados de investigar diligentemente los crímenes cometidos contra periodistas que cubren noticias de corrupción local.
De la misma manera, la CIDH estimó que “las reiteradas amenazas y hostigamientos a testigos y familiares de la víctima, sumadas a la falta de medidas de protección y de garantías de investigación independiente, tuvieron un efecto amedrentador e intimidante para que los familiares de Nelson Carvajal desistieran de participar como querellantes en el proceso y configuraron obstrucciones en las investigaciones y en los procesos penales llevados a cabo”. Y añade que esos hechos afectaron la integridad psíquica y moral de los familiares, quienes –dice- “no han podido conocer la verdad sobre lo ocurrido y no han encontrado justicia”.
