"Que el Presidente de la República dé la orden de cesar el fuego o nos van a matar a todos" es la voz reiterada y premonitoria de Alfonso Reyes, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, desde un teléfono abierto al mundo pero sitiado en zona de guerra. No obstante la exigencia, el mandato del Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia nunca se pronunció; bien considerado, si llegó a emitirse no pasó de tartamudeo contra oídos sordos de militares y mensajeros gubernamentales.
Entre explosiones y gemidos, se desmorona el edificio de la justicia. Del 6 al 7 de noviembre, cuando el M-19 torpemente lo tomó a la fuerza, será improvisado horno crematorio de inocentes. Pandemónium de jerarquías, uniformes e intereses sombríos. Con el traqueteo producido a pocos metros, el consejo de ministros enfrenta ímpetus que exigen dialogar; otros (los más oídos) invocan firmeza sin concesión. El hermano del presidente Betancur y la esposa del Ministro de Gobierno estuvieron allí y lograron salir ilesos el primer día.
Se persignan policías y soldados que entran en acción, cumpliendo instrucciones excitadas de oficiales de rango: disparen desde el techo, de abajo, contra todos, con misiles para que salga el humo; poner más candela, defender la democracia, silenciar la democracia. A fin de cuentas, el edificio donde tiran con desprecio hacia centenares de rehenes está habitado por magistrados que los juzgan, guarda investigaciones sobre brutalidades cometidas en vigor del Estatuto de Seguridad, la aciaga fórmula castrense del gobierno anterior, cesado escasos tres años atrás.
Muerto el perro, muerta la rabia, parece la consigna. Aún humeante, el horno crematorio, Ejército, Presidente y titulares anuncian victoria, libertad y recuperación del Palacio. ¡Arde la democracia, maestro! Vendrán torturas y desaparición de inocentes, entrega de bolsas con trozos de cuerpos ajenos, manipulación de pruebas, largo aplazamiento de sanciones.
A treinta años, merodean fragmentos de verdad y ceniza. ¿Vacío presidencial, mesura, cobardía, golpe temporal; narcotráfico involucrado; quién ordenó las ejecuciones; dónde escondieron restos de los desaparecidos? Interrogantes irresueltos, incluso para Yesid Reyes, ese hombre prudente, hoy ministro de Justicia y cuyo padre asesinado aquel día pidió sin éxito al Presidente dar la orden de parar el fuego.
Gonzalo Castellanos