Contralor conmina a Superservicios a investigar al sector energético

Contralor conmina a Superservicios a investigar al sector energético

Edgardo Maya le indicó que su deber es establecer responsables de la crisis actual.

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13 de noviembre 2015 , 11:42 a.m.

En un duro pronunciamiento, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, aseguró que la Superintendencia de Servicios Públicos está facultada legalmente para inspeccionar y vigilar todos los recursos financieros y tarifarios que han recibido las empresas de energía por concepto de cargos de confiabilidad.

Esos dineros, según la Contraloría, se les han cobrado en las facturas a los usuarios para garantizar la prestación del servicio, recursos que sumarían más de 14 billones de pesos.

Así, Maya dice que "no es de recibo que la Superservicios argumente lo contrario" y agregó que "no hay excusa para que esta entidad no ejerza unas facultades que legalmente tiene asignadas", pues este es su deber. 

Maya también aseguró que "es inaceptable" que ante la crisis actual en el mercado de energía la Superintendencia de Servicios Públicos "se aduzca falta de competencia legal como excusa para no adelantar actuaciones que sí le corresponde adelantar a esta entidad". Recordó entonces que la Constitución estableció que esta Superintendencia debe ejercer el control, inspección y vigilancia de las entidades o empresas que presten los servicios públicos domiciliarios.

El Contralor fue enfático en señalar que este organismo debe solicitarles a las empresas de energía los soportes de las inversiones que han hecho con los recursos que se les cobraba a los usuarios por cargos por confiabilidad. Además, conminó a la Súper a hacer vigilancia preventiva, visitas de inspección y "aplicar sanciones, exigir correctivos y compromisos para subsanar problemas detectados, entre otras medidas".

Para el Contralor Maya, las generadoras de energía "deben rendir las cuentas que corresponden sobre la diligencia con que acometieron sus inversiones y la razonabilidad de sus costos". Esto, asegura, también serviría para identificar si hubo fallas en el diseño del cargo por confiabilidad.

“La Contraloría General de la República adelantará por su parte las acciones de control fiscal de su competencia, entendiendo que el uso de los recursos destinados a remunerar las obligaciones de energía en firme a través del cargo por confiabilidad, facturado de manera obligatoria a todos los usuarios finales del servicio de energía y financiado en parte con subsidios del Presupuesto General, corresponde con el interés general y su destino no debe ser otro que el de proveer confiablemente un bien público esencial como es la electricidad”, dijo Maya Villazón.

El jefe del órgano de control también añadió que, desde el 2007, cuando se creó el cargo por confiabilidad "los usuarios del servicio de electricidad han venido pagando una prima a las empresas generadoras térmicas y a algunas hidráulicas, para que en condiciones de baja hidrología y cuando el precio de bolsa supere un valor denominad precio de escasez, estas entreguen energía eléctrica de manera continua a mínimo costo".

Esto significa que ese valor agregado que los usuarios pagaban en sus recibos debía ser suficiente para financiar a las generadoras en caso de una crisis, por lo que no habría lugar para un aumento en las tarifas del servicio, como lo anunció el Gobierno.

Para la Contraloría llama la atención que plantas como Termovalle y Termocandelaria "hayan dejado de operar ante los requerimientos de la energía por parte del mercado, con la amenaza de que otras siguieran este camino".

Por eso el organismo afirmó que se debe iniciar una "investigación sobre las razones y responsabilidades frente al incumplimiento de los agentes llamados a generar por confiabilidad, a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2015, así como el manejo a los recursos tanto de la Nación como de los usuarios, invertidos en el mecanismo de cobertura del servicio de energía ante emergencias hidrológicas".


JUSTICIA

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