Caso por actos sexuales contra menores embera pasa a justicia indígena

Caso por actos sexuales contra menores embera pasa a justicia indígena

Corte Suprema dijo que esa comunidad tiene sistema de justicia que no contraría la Constitución.

12 de noviembre 2015 , 07:25 p.m.

La Corte Suprema de Justicia envió a la justicia indígena el caso de Helmer Augusto Tapasco de la comunidad Embera Chamí, condenado por el Tribunal Superior de Caldas a 13 años de cárcel por el delito de actos sexuales contra tres menores. El fallo choca contra una decisión del Consejo Superior de la Judicatura que había determinado que ese caso lo debía evaluar la justicia ordinaria y no la jurisdicción indígena.

Los hechos por los cuales fue condenado Tapasco ocurrieron al finalizar la jornada escolar del día 20 de noviembre de 2012 en la Institución Educativa Riosucio, ubicada en el mismo municipio caldense.Tres menores de edad, uno de 11 y dos de 12 años, fueron “objeto de tocamientos lascivos por parte de Helmer Augusto Tapasco”, según se lee en el expediente, usando como excusa un supuesto test visual para la clase de informática de la cuál era profesor.

En su condición invitó a los tres niños a ingresar de forma individual a un aula y ahí aprovechó para tocarlos a nivel de la pierna y luego en sus genitales.

La Corte, con esta decisión, declaró nulo todo lo actuado en el proceso por la justicia penal ordinaria, por lo tanto liberó a Tapasco y lo puso a disposición de las autoridades del resguardo indígena “Nuestra Señora Candelaria de la Montaña”, que pertenece a la comunidad indígena Embera-Chamí, para que defina su situación.

En la sentencia, el alto tribunal tomó en consideración que Tapasco pertenece a esa comunidad indígena, que cuenta con una comisión de justicia propia con normas que no contrarían la Constitución ni las leyes, y que inclusive, tiene segunda instancia y sanciones privativas de la libertad, trabajo comunitario y audiencias preparatorias, entre otras.

Además, tuvo en cuenta que efectivamente los hechos ocurrieron en Riosucio, zona geográfica donde esa comunidad tiene presencia y en la cual reside el agresor. Asimismo, concluyeron que la libertad y la formación sexual de los menores es también un bien protegido por las autoridades indígenas.

Desde junio de 2013, el resguardo indígena “Nuestra Señora Candelaria de la Montaña”, de dicha comunidad, solicitó que fuera remitido el caso a su jurisdicción dado que el implicado y las víctimas pertenecían a dicha comunidad.

La decisión, con ponencia del magistrado Fernando Castro Caballero  se tomó “por cuanto el resguardo al que pertenece cuenta con un sistema de justicia que propende por los derechos de las víctimas menores integrantes de su colectividad, brindando una respuesta represiva a conductas como la endilgada, de donde el interés superior de los niños afectados no se ve desconocido porque el caso lo decida la jurisdicción indígena”.

Sin embargo, ante este conflicto entre la jurisdicción indígena y ordinario, el 25 de septiembre de 2013 el Consejo Superior de la Judicatura decidió dejarlo en conocimiento de esta última, es decir, en el Juzgado Penal del Circuito en el cual, en donde, en ese momento, se encontraba en etapa de juicio y al considerar el interés superior del niño, lo cual “no afectaría la autonomía indígena” según esa corporación.

La Corte, en esta providencia, le dice al Consejo Superior que “ignoró la diversidad que caracteriza nuestra sociedad y que fue reconocida expresamente por el constituyente de 1991”.

La condena de primera instancia se profirió un año después a la decisión del Consejo Superior pero como tentativa, con una pena de seis años y seis meses de prisión. El tribunal modificó el fallo al considerarlo un acto sexual consumado con una pena de 13 años de cárcel y este fue objeto del recurso de casación, por la defensa de Tapasco, que lo tumbó.

JUSTICIA

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