Contraloría cuestiona manejos en administración de bienes de la mafia

Contraloría cuestiona manejos en administración de bienes de la mafia

La DNE le entregó a la SAE "un inventario de papel", advierte el órgano de control fiscal.

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11 de noviembre 2015 , 08:38 p.m.

Los problemas de control que la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) tuvo en la administración de bienes incautados a la mafia, y que trajeron como consecuencia un escándalo de corrupción que llevó a que en el 2011 el presidente Juan Manuel Santos ordenara la liquidación de esa entidad, aún no han sido superados.

Así lo aseguró la Contraloría en un crítico informe en el que cuestiona si el cambio en la administración de los bienes del Frisco, al pasar de la DNE a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), “realmente significó una solución de fondo o se trató únicamente de un cambio de nombre”.

Los pecados de la DNE fueron de tal magnitud que más de 50 personas han sido vinculadas al caso y las autoridades han llevado a la cárcel a exdirectores de esa entidad como Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, y hasta al exfiscal antimafia Camilo Bula. (Lea: Contraloría pone la lupa a manejo de bienes incautados a la mafia)

El órgano de control fiscal asegura que una de las fallas que persisten en la SAE es que desconoce el estado de un gran porcentaje de los más de 100.000 activos que administra. “Solo hasta que el inventario entregado por la DNE se encuentre totalmente recibido, identificado y saneado, la SAE tendrá clara su actuación. (...) Persisten el desorden y la falta de información confiable, lo cual no ha permitido procesos de optimización en la incautación, manejo, destinación provisional y definitiva de los bienes, así como su monetización y generación de ingresos para el erario”, dice el documento de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa.

Fuentes de la Contraloría aseguran que la DNE le entregó a la SAE “un inventario de papel” y que aunque esta última ha venido trabajando para comprobar dónde están, en qué condiciones y quién tiene esos bienes, aún falta la total “inspección real y material”.

Hay casos, por ejemplo, en los que las visitas a esas propiedades no se ha podido llevar a cabo porque se encuentran en zonas que siguen bajo el control de grupos armados ilegales, lo que no les ha permitido a los funcionarios hacer las evaluaciones correspondientes.

La Dirección de Estupefacientes también le entregó a la SAE bienes que estaban en completo abandono y que, por el descuido en su manejo, se han ido deteriorando hasta el punto en que hoy están en ruinas. (Lea: Comienza operativo contra 50 bienes de la 'Viuda Negra' de la mafia)

De hecho, la SAE ha tenido que iniciar solicitudes de enajenación temprana para varios de ellos, como una mansión del exjefe paramilitar y narcotraficante alias Cadena que está en Sincelejo (Sucre).

La Contraloría dice que para sortear estas dificultades no basta con la planta que hoy tiene esa sociedad. Solo hay 28 personas nombradas en la planta, mientras que hay 298 por prestación de servicios, “lo que eventualmente podría poner en riesgo la seguridad en la administración de los bienes”.

La Contraloría también critica que, a pesar de que la reglamentación para la administración de estos bienes (clave para establecer, por ejemplo, los requisitos que deben llenar los depositarios) debía estar lista antes de julio de este año, el Gobierno la presentó el 4 de noviembre pasado.

Otra de las dificultades tiene que ver con que solo 7.129 bienes a cargo de la SAE, equivalentes al 7 por ciento del total, ya tienen extinto el dominio. Así, en el Frisco hay otros 93.367 bienes que aunque han sido incautados, aún no están en manos del Estado, lo que dificulta su subasta o venta. Ese dinero es importante para la Nación, principalmente para las víctimas, pues el Código de Extinción de Dominio estableció que un 50 por ciento de los dineros que se consigan de las ventas de esas propiedades irán al Gobierno (principalmente para la reparación de víctimas), el otro 25 por ciento a la Rama Judicial y el restante, a la Fiscalía.

Aunque está en firme una reforma –impulsada por la Fiscalía– para reducir los tiempos en los procesos de extinción de dominio, esto poco beneficiaría a la mayoría de los que tiene la SAE, pues sus procesos son anteriores a esa ley. Así, hay casos como el de los activos incautados al grupo Grajales, como Drogas la Rebaja, que llevan décadas sin que hayan podido pasar a manos del Estado. (Lea también: Corte ordena inspección a procesos por bienes decomisados a la mafia)

Además, al menos 6.000 bienes inmuebles de los que tiene la Sociedad de Activos están invadidos de forma ilegal, por lo que este año se inició un plan especial para lograr su recuperación. Hasta ahora se ha logrado sanear 400.
Las demandas

Las demandas contra la SAE tienen en riesgo la capacidad financiera de esta sociedad. Mientras los 7.129 bienes que tiene el Frisco extintos se encuentran registrados en inventario por un valor de 1,36 billones de pesos, los reclamos contra la sociedad sumaban a julio del año pasado 1,6 billones de pesos, “que de ser falladas a favor de los demandantes, podrían redundar en pérdida de importantes recursos del erario”.

Esto llevó a la Contraloría a concluir que “la administración del Frisco, tanto por parte de la DNE como por parte de la SAE, lejos de ofrecer beneficios económicos para el Estado, continúa generando gastos, sin que a la fecha se evidencie una mejora significativa”.

‘Hemos visitado 6.500 activos’

La Sociedad de Activos Especiales le dijo a EL TIEMPO que esta entidad ha venido trabajando en dos bloques: el primero, para hacerle frente a lo que se recibió de la DNE y, el segundo, un plan para garantizar la transparencia y rentabilidad de los inmuebles. En cuanto a lo recibido por la DNE, la entidad afirma que está trabajando en la actualización de la base de datos de los bienes. Agrega que se están realizando convocatorias de asambleas y juntas para revisar los estados de las sociedades que están en el Frisco, así como un plan de acción para devolver los bienes en cumplimiento de órdenes judiciales, y un cronograma para lograr el desalojo de los que están ocupados.

La sociedad dice que, con el fin de mejorar la transparencia, se removieron 162 depositarios que no cumplían con sus obligaciones y se creó “un nuevo modelo de administración de activos especiales que permite la asignación automatizada a depositarios, según las competencias y las características del bien”.

Este trabajo, indica la SAE, ha permitido que “se alisten inmuebles para su comercialización por 8.749 millones de pesos y se duplique la cartera vencida por más de 2.299 millones”.

De otro lado, la Sociedad de Activos asegura que ha realizado 6.500 visitas para hacer la verificación física y administrativa de los inmuebles bajo su responsabilidad.

Los pecados que llevaron al fin de Estupefacientes

1 Corrupción

Los procesos judiciales por el escándalo de la DNE han documentado que en esta entidad se pagaban coimas para que particulares pudieran quedarse con la administración de activos o que eran repartidos ‘a dedo’ a personas cercanas a los exdirectivos Carlos Albornoz y Ómar Figueroa. José Alfredo Abril Forero, uno de los depositarios más “consen- tidos” por los exdirectivos y quien tenía la administración de 22 extensas fincas en 5 departamentos, avaluadas en más de 30.000 millones de pesos, terminó aceptando cargos en julio pasado y prometió reparar a la SAE.

2 Bienes en ruina

Pocas eran las visitas que la antigua DNE realizaba de los bienes bajo su administración. Mansiones y costosos medios de transporte hoy están en ruinas por las omisiones de esa entidad. Recientemente, la SAE tuvo que solicitar la enajenación temprana de varias propiedades, entre ellas una casa incautada a un exjefe paramilitar en Sucre, porque amenaza ruina. Recientemente la SAE tuvo que solicitar la enajenación temprana de 639 activos especiales (entre sustancias y automóviles) y la chatarrización de 148 medios de transporte inservibles.

3 Precios irrisorios

En el expediente de la DNE hay casos de bienes que fueron entregados en arrendamiento sin que sus tenedores pagaran ni un solo peso o que fueron vendidos a precios irrisorios. Uno de los casos contra Albornoz se derivó porque aprobó el precio de venta de Granja 32, bien incautado al clan de Guillermo Ortiz Gaitán, por un valor de 1.219 millones de pesos. Este valor es considerablemente inferior al real, pues ese predio, ubicado en Cota (Cundinamarca), costaba realmente 3.600 millones de pesos, lo que generó un detrimento patrimonial.

JUSTICIA

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