El Gobierno español prueba la desobediencia catalana

El Gobierno español prueba la desobediencia catalana

El Tribunal Constitucional suspendió la resolución de "desconexión de España".

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11 de noviembre 2015 , 06:05 p.m.

El más que inevitable choque de trenes entre las pretensiones independentistas de la mitad del Parlamento catalán y la legalidad española se consumó este miércoles. Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) suspendieron, por unanimidad, la resolución de la Cámara regional que fijaba el rumbo a “la desconexión de España”.

El Gobierno catalán, sin embargo, aseguró que no se moverá de su obligación a “obedecer” al Parlament.
El texto, propuesto por Junts Pel Sí (JxS) y Candidatura d'Unitat Popular (CUP, de ideología anticapitalista), fue aprobado el pasado lunes con los votos de ambos partidos. Ese mismo día, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció que la llevaría ante el TC por considerarla inconstitucional.

JxS y CUP representan el 53 por ciento de los escaños, si bien no alcanzan la mitad de los votos pues los sufragios son ponderados de acuerdo al territorio. Ahí radica precisamente una de las principales críticas de la oposición, además del argumento legal contra la secesión. Consideran que esta opción no cuenta con el suficiente apoyo social.

Los magistrados se han limitado a suspender de manera cautelar la resolución y tienen cinco meses para discutir si es constitucional o no. Por lo pronto, se ha notificado a 21 cargos del Gobierno catalán sobre “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudiera incurrir”, dice la providencia del TC.

El Gobierno de Rajoy agradeció la rapidez con la que actuó el alto tribunal. El TC, sin embargo, no satisfizo todos los intereses del Ejecutivo español, que manifestó en su recurso que deseaba que se les advirtiera específicamente a los altos cargos de la Generalitat que podían ser inhabilitados.

Hace un mes entró en vigor una reforma aprobada en solitario por el Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados para que el TC tuviera la posibilidad de inhabilitar a cualquier cargo que no acatara sus fallos.

“La voluntad política es tirar adelante el mandato del Parlament y la resolución aprobada el lunes”, aseguró la vicepresidenta catalana, Neus Munté.

El interrogante es hasta dónde podría llegar una eventual desobediencia. De entrada, no se puede comenzar el trámite de ninguna de las leyes necesarias para crear las estructuras de Estado, pues no hay un Ejecutivo catalán constituido.

El presidente que busca la reelección, Artur Mas, se enfrenta este jueves a una segunda votación en el Parlamento, en la que le faltaría un solo voto para ser elegido.

La Abogada General del Estado español, Marta Silva de Lapuerta, en el momento de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso gubernamental contra la resolución independentista.

CAMILO SIXTO BAQUERO M.
Para EL TIEMPO
BARCELONA

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