Gobierno y uribismo se oponen al Fiscal y defienden acuerdos con M-19

Gobierno y uribismo se oponen al Fiscal y defienden acuerdos con M-19

No están de acuerdo en revisar la amnistía decretada a los miembros de esa guerrilla.

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10 de noviembre 2015 , 08:20 p.m.

Gobierno y uribismo, antagónicos ideológicos en distintos frentes como en el proceso de paz con las Farc, coincidieron este martes en defender la legitimidad y la legalidad de las amnistías que se les otorgaron a los militantes del M-19 tras su desmovilización en 1990.

Voces autorizadas de los dos sectores –cuyos choques son constantes en diversas áreas de la agenda nacional– rechazaron, por separado, la tesis del fiscal general, Eduardo Montealegre, de que es necesario revisar si lo acordado en materia judicial con esa guerrilla cobija delitos de lesa humanidad como la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. (Además: Procurador apoya propuesta del Fiscal de revisar indulto al M-19)

Ni el Ejecutivo ni el Centro Democrático comparten esa posibilidad y tienen posturas similares en que avanzar en un camino como el propuesto por Montealegre puede generar inestabilidad en el proceso de paz que desembocó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Desde el Gobierno se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien reconoció la potestad del Fiscal para avanzar en una investigación de esa naturaleza, pero aseguró que “no parece conveniente” reabrir ese debate 25 años después.

Cristo precisó que los exmilitantes del M-19 “han cumplido con esos acuerdos y las decisiones que se tomaron con base en esos acuerdos tienen plena vigencia y legalidad, por lo que no consideramos que puedan ser sujetos a una revisión”.

Para el funcionario, es necesario que, con base en el debate que se ha abierto en torno a este tema, se blinden los acuerdos que eventualmente surjan de la mesa de negociación de La Habana y así evitar que lo suscrito en el proceso de paz corra riesgos en el futuro.

“Hay que blindar los acuerdos con las Farc y con el Eln hacia futuro para que no se presenten esta clase de discusiones”, precisó el Ministro del Interior, quien dejó en claro que –a juicio del Gobierno– “no parece conveniente reabrir esa discusión” sobre lo pactado con el M-19 tras el proceso de paz.

Ya en otras oportunidades, en especial por sus posturas sobre la forma de aplicar justicia transicional en el posconflicto, el Gobierno ha salido a refutar las tesis del Fiscal General.

La postura uribista

Una posición similar esbozó el expresidente y senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, quien ratificó ante la plenaria del Senado que lo importante en toda esta discusión es que “no haya inestabilidad frente a ese proceso”.

“Que se examine la verdad en los estrados judiciales, pero sin consecuencias jurídicas contra el M-19. Repito, examinar la verdad, si es que falta, desde estrados judiciales; qué se yo, desde la Corte Suprema, desde la Fiscalía, pero sin consecuencias jurídicas que pongan en duda, que creen posibilidades de revocar lo que el país definió”, enfatizó Uribe.

Este sector de oposición y la Fiscalía han chocado públicamente por diversos motivos, al punto de que el Centro Democrático se declaró como perseguido por Montealegre.

Y Antonio Navarro, senador de Alianza Verde y desmovilizado del M-19, aseguró este martes que aceptar la tesis del Fiscal abriría paso a que “el Estado le haga conejo al acuerdo de paz”.

‘Revisión no es viable’

La posibilidad de que la Fiscalía revise el indulto y la amnistía concedidos al M-19 hace 25 años fue recibida con reservas. El exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes dice que esos beneficios son “cosa juzgada y es improcedente una revisión porque se afecta la confianza legítima del Estado”. Explica que ese indulto se dio cuando en normas internacionales “no había limitaciones tan notorias para ese tipo de amnistías”. En el mismo sentido, el exmagistrado José Gregorio Hernández dice que no es conveniente esa revisión porque “hay un compromiso del Estado plasmado en leyes de la República”. El exmagistrado Alfredo Beltrán Sierra añadió que, para consolidar el proceso de paz con el M-19, “el Congreso de la época aclaró que quedaban incluidos los hechos del Palacio”.

En la otra orilla está el procurador Alejandro Ordóñez, quien afirma que en el pacto con el M-19 se “excluyó el indulto y la cesación de procedimiento respecto a los actos de ferocidad o barbarie, también frente a homicidios cometidos fuera de combate, con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión”.

La familia del capitán

La denuncia de la familia del capitán de la Policía Héctor Aníbal Talero Cruz –uno de los nueve miembros de esa institución muertos en el Palacio de Justicia– es una de las que han llevado a la Fiscalía a anunciar la revisión de los indultos y amnistías concedidos al M-19.

Según Talero, su familia llevaba 9 años pidiendo la revisión, sin respuesta.
“Pretendemos que haya equidad en la investigación, equidad en la justicia. Que se investigue al M-19”, dice.

JUSTICIA

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