Confirman suspensión del alcalde de Simití (sur de Bolívar)

Confirman suspensión del alcalde de Simití (sur de Bolívar)

Por extralimitación de funciones Procuraduría ratificó en segunda instancia fallo del funcionario.

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10 de noviembre 2015 , 11:04 a.m.

En fallo de segunda instancia la Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional Santander, confirmó la suspensión e inhabilidad especial por el término de cinco meses impuesta a Elkin Yohany Rincón, quien en su condición de alcalde de Simití (Bolívar) admitió y dio trámite a una diligencia de lanzamiento por la presunta ocupación de hecho de un predio rural, usurpando la competencia de esta labor al juez de circuito especializado en Restitución de Tierras de Cartagena.

De acuerdo con el fallo sancionatorio, al expedir una resolución, en septiembre del 2013, el mandatario ordenó, sin tener competencia para ello, el desalojo de un ciudadano del predio denominado “Barranquita”, ubicado en el corregimiento de San Luis.

La Procuraduría señaló que el funcionario contrarió el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 3 del Decreto 742 de 1992, por cuanto la acción de protección policiva debe solicitarse dentro de los 15 días calendario siguientes al acto de invasión y, en este caso, el querellante fue despojado el 13 de julio de 2005, mientras que la querella se presentó el día 6 de marzo de 2013.

Según el Ministerio Público la denuncia se instauró luego de más de siete años de haber ocurrido el desalojo, lo cual evidenció que la autoridad administrativa carecía de competencia para conocer del mismo, por desbordar el término citado.

Consideró el ente de control que con su conducta el funcionario incurrió en el delito de tipo penal denominado prevaricato por acción, lo cual motivó la calificación de su falta como gravísima sancionable a título de dolo.

En el proceso disciplinario se estableció que el predio no estaba protegido por el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RPTA) y los querellantes no ostentaban la calidad de desplazados para que el alcalde municipal procediera mediante resolución a ordenar un desalojo que a todas luces era contrario al ordenamiento legal.

BUCARAMANGA

 

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