El debate está planteado

El debate está planteado

10 de noviembre 2015 , 09:30 a.m.


Pocos días después de las elecciones a la alcaldía de Bogotá, se ha revivido el viejo debate sobre la necesidad de implementar una segunda vuelta para elegir el segundo cargo más importante del país. El domingo pasado, la elección del alcalde del Distrito Capital se dio con el 33.1% de la votación total y con poco más del 16% del potencial de sufragantes. En el año 2011, la coyuntura política llevó a que la elección del burgomaestre se diera con 723.157 votos, lo que representó el 32.22% de la votación total y menos del 15% del potencial de sufragantes. Estos resultados llevan a que ciertos sectores cuestionen la representatividad de un alcalde elegido con tan poco respaldo popular.

Esta preocupación se trasladó al Capitolio Nacional donde un grupo de congresistas de los partidos Liberal, Centro Democrático y Polo Democrático Alternativo radicó un proyecto de acto legislativo que pretende modificar el artículo 323 de la Constitución Política con el fin de incluir una segunda vuelta en las elecciones a la alcaldía de Bogotá, cuando ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos. Esta iniciativa parlamentaria se aplicaría, en caso de ser aprobada, a partir de las elecciones locales de 2019 y es motivada en la necesidad de garantizar la gobernabilidad del Distrito Capital, teniendo en cuenta su importancia en términos poblacionales, económicos y territoriales, de acuerdo con la parte motiva del proyecto.

Si bien Bogotá ha sido el epicentro de la discusión sobre la implementación de una segunda vuelta en la elección de autoridades locales, otros dos proyectos de ley hacen curso en el Congreso de la República para implementar esta medida en otras ciudades del país. El partido Centro Democrático, con el apoyo de congresistas del Partido de la U y de Cambio Radical, radicó un proyecto de acto legislativo tendiente a modificar los artículos 314 y 323 de la Constitución para incluir el mecanismo de la segunda vuelta electoral para alcalde, tanto en el Distrito Capital, como en las ciudades capitales con una población superior a un millón de habitantes. 

En igual sentido otro proyecto de ley radicado por un grupo de congresistas del Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical busca implementar la segunda vuelta para la elección de gobernadores y de alcaldes en todas las ciudades capitales sin importar su población. En declaraciones a EL TIEMPO, el senador Armando Benedetti afirmó que “[...] es importante que exista una doble vuelta, sobre todo en ciudades capitales como Bogotá, para que tengamos la certeza de que hay una gran mayoría para elegir al alcalde y que tenga una legitimidad de verdad”.

De acuerdo con especialistas en la materia, el debate sobre la conveniencia de la segunda vuelta en la elección de alcaldes parte de los conceptos de legitimidad, representación y gobernabilidad. El académico Anibal Pérez-Liñán estudia los casos que conducen a crisis de gobernabilidad en comicios presidenciales, definiéndola como “[…] la imposibilidad del ejecutivo para lograr la cooperación del legislativo o para instrumentar políticas […]”. Lo mismo ocurre a nivel local, donde los bajos porcentajes necesarios para ganar una elección resultan, en muchos casos, en crisis de gobernabilidad basadas en la falta de legitimidad política de la administración frente a los concejos municipales y a la ciudadanía, lo que afecta la implementación de políticas públicas. En el contexto colombiano, esta situación se ve agravada especialmente considerando los altos índices de abstencionismo que, de acuerdo con la Registraduría Nacional, alcanzan el 50% en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla.

Frente a esta crisis de representatividad, los impulsores de la segunda vuelta electoral argumentan que, sin lugar a dudas, este mecanismo promueve alianzas y consensos programáticos, generando una mayor representación y gobernabilidad frente al electorado, como consta en la parte motiva de uno de los proyectos de ley que pretende introducir este tipo de mecanismo electoral.

Dicho esto, sería interesante ver si al introducir una segunda vuelta en elecciones locales, se replicaría el fenómeno visto en las elecciones presidenciales en términos de coaliciones partidistas, intenciones de voto del electorado y cómo esto afectaría a actores como las minorías electorales. En cuanto al voto de opinión, los impulsores del proyecto sostienen que el debate entre dos candidatos aumenta los incentivos para que los electores estén informados sobre las propuestas de quienes pasen a la segunda vuelta, ya que los mismos partidos estarían encargados de visibilizar aún más sus propuestas, por lo que no se estaría votando por un “mal menor” como lo argumentan algunos opositores al proyecto.

Limitaciones de la segunda vuelta regional

El mecanismo de la segunda vuelta electoral puede generar efectos contrarios a los deseados. La necesidad de los candidatos de formar coaliciones y acuerdos políticos puede llevar en ocasiones a limitar su gobernabilidad en caso de ganar las elecciones. Estas coaliciones, a su vez, generan un fenómeno de consenso negativo que tiende a llevar al electorado a no necesariamente votar por el candidato de su preferencia sino por un mal menor, simplificando la diversidad política a dos opciones específicas.

Otro de los argumentos principales de quienes se oponen a la segunda vuelta electoral es su costo económico. En Bogotá, la realización de la segunda vuelta tendría un costo aproximado de 100.000 millones de pesos; si bien es importante reconocer que este monto podría ser invertido en otros frentes, vemos que éste representa menos del 1% del presupuesto distrital. Estas cifras deben estudiarse en el contexto de un análisis del posible beneficio derivado de contar con una alta representatividad.

Las iniciativas legislativas que buscan implementar la segunda vuelta en las elecciones regionales podrían solucionar de manera parcial el ejercicio de la democracia en las regiones. En algunos casos, puede fortalecer la institucionalización entre partidos y corporaciones locales ya que incentivaría a que los candidatos impulsen propuestas programáticas. No obstante, estos proyectos de ley en curso no tratan el problema de raíz. Es importante cuestionarse sobre qué tanto un cambio en las reglas electorales resuelve los problemas de fondo en materia de representatividad.

CATALINA ESMERAL, ANDRÉS SALAZAR, MIGUEL OTERO Y LUCAS POMBO
Congreso Visible- para EL TIEMPO

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