'Gastos en esquemas de protección, vena rota para el erario'

'Gastos en esquemas de protección, vena rota para el erario'

Contraloría indicó que la Unidad Nacional de Protección tiene 'deficiencias de planeación'.

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09 de noviembre 2015 , 10:10 p.m.

Entre el 2011 y el 2014, el Estado invirtió 1,12 billones de pesos para atender a los ciudadanos a los que la Unidad Nacional de Protección (UNP) les brinda esquemas de seguridad. Y mientras en el 2012 había 6.384 beneficiarios, en el 2014 esa cifra creció a 9.638 protegidos.

Esos datos fueron revelados este lunes por la Contraloría General en un informe en el que asegura que “el aumento de los esquemas de protección que brinda el Estado colombiano está significando unos costos exorbitantes para el país y una vena rota para el erario”. Ante ese panorama, el organismo recomienda “rediseñar la política pública en este campo”.

La alerta de la Contraloría se da principalmente porque entre el 2013 y el 2014 los gastos de la UNP se incrementaron en un 85 por ciento, entre otras razones, porque subieron los costos de los vehículos que se usan en los esquemas.

El órgano de control fiscal también aseguró que “la UNP presenta deficiencias significativas en su planeación presupuestal” y que hay un abuso de las tutelas para pedir medidas de protección, “situaciones que están agravando la realidad fiscal de este organismo”. En los primeros cuatro meses de este año la Unidad destinó 1.431 millones de pesos para cumplir las órdenes judiciales a favor de quienes interponen tutelas.

La Contraloría también asegura que hay dificultades “para decidir sobre el retiro de medidas para lograr estabilidad en la demanda”. Agrega que mientras la mayoría de beneficiarios, el 51 por ciento del total, son funcionarios o exfuncionarios públicos, las víctimas de violaciones de derechos humanos, que son la población más vulnerable, son el 15,9 por ciento.

Las deficiencias presupuestales vienen desde el año pasado cuando la UNP enfrentó una de sus peores crisis y se quedó sin recursos para pagarles a los operadores que contratan a los escoltas. Esto llevó a que el Ministerio de Hacienda tuviera que autorizar una adición presupuestal para continuar con el servicio.

Diego Mora, director de la UNP, le dijo a EL TIEMPO que “en los años anteriores hubo una serie de inconvenientes por posibles problemas de control”. Añadió que por las observaciones de la Contraloría “se han venido haciendo estudios para hacer ajustes estructurales al programa”.

Sobre el incremento de esquemas, Mora dijo que “la ruta de protección es externa a la Unidad, pues un comité interinstitucional, que evalúa el riesgo, es quien recomienda las medidas y la UNP las adopta”.

Agrega que este año la Unidad no tendrá problemas presupuestales como en las vigencias pasadas y que por los recortes en gastos como la gasolina y los viáticos, en este periodo se tiene un ahorro de 60.000 millones de pesos, y que se han desmontado 577 medidas de protección a beneficiarios que no cumplían requisitos. Sobre los funcionarios públicos protegidos, afirma que en su administración se ha logrado que ministerios, el Congreso y los concejos le reembolsen a la UNP 52.000 millones por gastos de su seguridad. 

JUSTICIA

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