Editorial: Una iniciativa pertinente

Editorial: Una iniciativa pertinente

Las sanciones a los delincuentes deben incluir alternativas serias de reintegración a la sociedad.

09 de noviembre 2015 , 08:26 p.m.

Si se observa a largo plazo y se tiene en cuenta el cuadro completo, es probable que el de la seguridad urbana no ocupe los primeros tres renglones entre los grandes desafíos del país. Pero si la mirada se enfoca en el día a día de los habitantes de una nación que es cada vez más urbana –cerca del 80 por ciento de su población ya vive en ciudades–, cambia el panorama. Aquí encontramos que el temor a ser víctima de los malhechores es el asunto que más inquieta a millones de colombianos.

Una sensación de inseguridad que crece ante la perspectiva de que el ladrón, al ser puesto a órdenes de la justicia, muy seguramente regresará en un breve lapso a sus andanzas delictivas.

Así lo indican las cifras presentadas la semana pasada por Daniel Mejía, quien se perfila como secretario de Seguridad de Bogotá, una vez sea creada esta dependencia. Según Mejía, entre el 2011 y el año pasado 16.876 delincuentes reincidentes fueron detenidos por la Policía, y se registraron casos absurdos e increíbles como el de un hombre que fue puesto a buen recaudo en 44 ocasiones. Y si este dato asombra, desconcierta el de que más de 2.000 de ellos tenían seis o más ingresos a centros de reclusión.

No se trata de impulsar una política que se limite a aumentar penas. Tal ruta termina en un empeoramiento del hacinamiento carcelario y en una posterior decisión de descartar los castigos con detención intramural.

Se trata, mejor, de elaborar una política de seguridad ciudadana integral a largo plazo y que logre, justamente, superar dicho círculo vicioso. Debe poner su acento en la disuasión, así como no puede olvidar que la cárcel, o cualquiera sea la sanción, ha de buscar la resocialización de la persona antes que darle –como ahora lastimosamente ocurre– nuevas mañas para desenvolverse en el mundo del delito.

El proyecto de ley de pequeñas causas que avanza en el Senado, y que ha recibido el apoyo de varios de los alcaldes que asumirán su cargo el próximo primero de enero, entre ellos Enrique Peñalosa, debe ser un paso en esta dirección.

Incluye sanciones severas para reincidentes, lo cual suena sensato. Tan cierto como que la privación de la libertad como única arma no es garantía de resultados en este campo es que es impresentable que quienes han asumido el delito como lucrativa forma de vida sigan en las calles con la tranquilidad que les da la certeza de que ya dominan el arte de gambetear a la justicia.

En este contexto, es primordial también que las autoridades cuenten, por fin, con un Código de Policía ajustado a las nuevas realidades que viven nuestras urbes. Esta debe ser una herramienta clave en la prevención de delitos.

De esta iniciativa se espera, pues, que dé respuestas a las necesidades de una ciudadanía cada vez más agobiada por el hampa callejera. Pero también que no sea más de lo mismo. Que apunte a la raíz del problema; y para ello, insistimos, es fundamental que las sanciones a los delincuentes incluyan alternativas serias y viables de reintegración a la sociedad. Clave también es que la labor de la Policía se pueda centrar –utilizando todos los recursos que hoy brinda la tecnología– en interpretar los datos y así no solo optimizar los recursos, sino identificar patrones de comportamiento de la delincuencia para ir un paso adelante.


editorial@eltiempo.com

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