Contraloría advierte por gasto 'exorbitante' en esquemas de seguridad

Contraloría advierte por gasto 'exorbitante' en esquemas de seguridad

El organismo señaló que ese rubro se convierte en una "vena rota" para las finanzas del país.

09 de noviembre 2015 , 10:21 a.m.

La Contraloría General advirtió que el aumento de los esquemas de protección que brinda el Estado representa para el país un “costo exorbitante”. Solo entre 2011 y 2014 se gastaron 1.12 billón de pesos.

Lo más grave, según el informe, es que esos gastos a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se incrementaron un 85 por ciento entre 2013 y 2014.

El estudio indica que aunque han bajado las solicitudes de protección entre los años 2012 a 2014, el número de esquemas y el gasto destinado para cubrirlos se ha incrementado. El aumento está relacionado especialmente con la adjudicación de vehículos para los protegidos.

El mayor número de esquemas está asignado a servidores y ex servidores públicos; víctimas de violaciones a los DDHH; dirigentes y activistas sindicales; dirigentes representantes o activistas de organizaciones de DDHH, cívicas, comunitarias o campesinas; y miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Entre 2012 y 2014, periodo que fue estudiado, la UNP recibió 39.672 solicitudes de protección de las cuales cumplieron los requisitos 31.383 (79% del total).

Añade el informe que los beneficiarios de las medidas de protección pasaron de 6.384 en 2012 a 9.638 en 2014.

De acuerdo al estudio de la CGR, el personal de la Subdirección de Protección de la UNP, dependencia encargada de prestar los esquemas de seguridad, se compone en un 14% de funcionarios (470 vinculados a la planta de personal) y 86% de contratistas, dentro de los cuales se registran 2.810 escoltas del operador privado y 77 de personal administrativo, para un total de 3.357 personas que laboran allí.

Según estas cifras, la funcional misional de la UNP, en cabeza de la Subdirección de Protección, se encuentra tercerizada, por cuanto 84% se presta por medio de un operador privado.

El organismo de control pidió que se rediseñe la política pública de protección en el país.

 

JUSTICIA

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