Qué viene tras la resolución secesionista del Parlamento de Cataluña

Qué viene tras la resolución secesionista del Parlamento de Cataluña

El legislativo dice que la independencia será un hecho, a pesar de lo que diga la Justicia española.

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09 de noviembre 2015 , 09:53 a.m.

Luego de la aprobación del parlamento de Cataluña a la resolución que inicia el proceso de secesión de España con el objetivo de proclamar una república independiente a más tardar en 2017, el gobierno de Mariano Rajoy anunció que de inmediato se presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar el texto y además convocó un consejo extraordinario de ministros el miércoles.

El presidente del gobierno español, quien se juega una nueva legislatura en el poder en unas elecciones legislativas donde la cuestión catalana se anticipa fundamental, ha estado buscando apoyos en todos los partidos, incluso opositores, para presentar este recurso que frene las aspiraciones independentistas.

Y es que más desafiante no podía ser la resolución aprobada este lunes en el parlamento catalán: habla de iniciar “el proceso de creación del Estado catalán” que “no se supeditará a las decisiones del Estado español”.
La resolución incluye también un llamamiento a renegociar la abultada deuda de la administración pública y a iniciar inmediatamente la construcción de una administración tributaria independiente.

Los independentistas solo obtuvieron un 48% de los sufragios de las elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la oposición del gobierno español de Mariano Rajoy a conceder un referendo en esta región mediterránea. Esta negativa llevó al gobierno del presidente catalán, Arthur Mas, a impulsar el 9 de noviembre de 2014, justo hace un año, una consulta simbólica en la que 1,9 millones de personas se posicionaron por la independencia a pesar de que la votación fue prohibida por el Tribunal Constitucional.

Madrid confía en cerrar el camino secesionista en el ámbito judicial solicitando al Tribunal Constitucional -donde los jueces conservadores son mayoritarios- la suspensión de esta resolución. Se busca poner de manifiesto la vulneración de al menos cuatro artículos de la Constitución española y dos del Estatuto de autonomía.
Pero la desobediencia al alto tribunal se avecina será permanente durante este proceso que debería culminar en 2017 con un referendo para aprobar la constitución del nuevo país.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy se mostró "decidido a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia".
Para ello aprobaron recientemente una reforma del alto tribunal para inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias y desde hace semanas plantea la posibilidad de suspender la autonomía catalana. "En Cataluña tenemos el presupuesto regional más alto de España y más competencias que ninguna otra región de Europa. Ustedes lo están poniendo todo en riesgo en un acto irresponsable", advirtió el líder catalán de su formación, Xavier García Albiol.

Esta declaración culmina una escalada de tensión entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando este tribunal recortó ampliamente las competencias adquiridas en un estatuto regional de 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España.

El independentismo, antes minoritario, creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica en esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española. Tras años reclamando un referendo optaron por avanzar unilateralmente en un proceso que, sin embargo, podría derrumbarse por las diferencias ideológicas en el seno independentista.

Lo que viene

Se estima que el Tribunal Constitucional se reunirá de manera extraordinaria, pues la sesión ordinaria que se realiza cada 15 días se ofició la semana pasada. De esa manera, Madrid espera que la paralización de la resolución secesionista será inmediata. El artículo 161.2 de la Constitución señala que «(...) la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses». De esa manera, los magistrados, no entrarán todavía a valorar el objeto del recurso, es decir, si la resolución es o no inconstitucional.

La decisión del Tribunal Constitucional anunciará previsiblemente la suspensión cautelar del plan secesionista, luego le notificará al parlamento catalán que tendrá 20 días para formular las alegaciones que considere oportunas y para presentar documentación.

Pero para evitar que los independentistas aprovechen ese plazo de alegaciones para desarrollar alguna de los puntos del proyecto secesionista, el Tribunal establecerá que la resolución queda suspendida desde la presentación del recurso, por lo tanto cualquier iniciativa que a partir de ese momento se derive de la resolución recurrida será considerada ya un acto de desobediencia al Tribunal Constitucional. 

Con AFP, Reuters y EFE

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