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Síntomas de optimismo

La decisión de la Comisión de Acusación de la Cámara confirma que es posible eliminar la impunidad.

GABRIEL SILVA LUJÁN
Las encuestas han confirmado reiteradamente que el desprestigio del Poder Judicial ha llegado a niveles nunca antes vistos. Hoy, un juez, un tribunal o una corte pueden emitir el fallo acertado o la sentencia más justa, pero inevitablemente se chocará contra el muro del escepticismo público.
Hay circunstancias estructurales en las que el andamiaje institucional existente promueve conflictos innecesarios, no determina bien las competencias debidas, favorece rivalidades que fragmentan la colaboración y, además, deja ventanas abiertas por donde se cuela hábilmente la impunidad.
Pero también el desplome de la buena imagen y favorabilidad del Poder Judicial son el resultado del comportamiento individual de un puñado de magistrados y jueces. Aun cuando la inmensa mayoría son servidores públicos honestos recargados de trabajo, existen demasiados casos de corrupción, de privilegios procesales a los abogados amigos, de complicidad en montajes para estafar al Estado, en fin, múltiples modalidades de comportamientos reprochables que afectan profundamente la credibilidad de la justicia entre nuestros compatriotas.
Debilita también la majestad de la justicia el hecho de que quienes simbolizan en el imaginario colectivo a la autoridad del Estado –por sus cargos actuales o pasados– acusen, para su propia conveniencia, a la justicia de parcialidad política. Sin embargo, hay motivos para el optimismo.
Es histórico que la Comisión de Acusación de la Cámara haya tenido la seriedad jurídica y la serenidad política de acusar, ante la plenaria de esa corporación legislativa, al magistrado constitucional Jorge Ignacio Pretelt por corrupción. Esa decisión de la Comisión es encomiable por cuanto crea un precedente que confirma que sí es posible eliminar la impunidad en la justicia.
Es histórico que el presidente Santos haya modificado los procedimientos –incluso autolimitando el alcance de sus poderes nominadores– para la selección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Por primera vez ocurrió una convocatoria pública de la que surgió una terna de lujo, compuesta por Magdalena Correa, Catalina Botero y Alejandro Linares. El Senado, en sesiones públicas, estudió las hojas de vida y entrevistó a los candidatos. En últimas, se escogió, por amplio margen, a Linares, en un proceso que se reconoce como el más transparente y democrático en décadas, en el que brillaron por su ausencia las marrullas politiqueras tradicionales.
Es histórico que se hayan roto los moldes y los estereotipos típicos que tradicionalmente regían para el cargo de magistrado de la Corte Constitucional. El magistrado Linares tiene credenciales académicas impecables, no es parte de las viejas roscas que han mandado en el Poder Judicial, es un hombre con sólida reputación en el sector privado y en la sociedad en general; en fin, es una garantía de independencia, seriedad e innovación jurisprudencial.
Es histórico que el Presidente de la República, de manera ejemplarizante y con la dignidad debida, haya ejercido la obligación del Estado de reconocer su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas del Palacio de Justicia. Es, sin duda, un profundo gesto de respeto a los caídos, pero también una poderosa señal de acatamiento y reparación moral institucional con el Poder Judicial.
Algunos pesimistas dirán que son pañitos de agua tibia, que una golondrina no hace verano. Eso no es cierto. Son este tipo de decisiones, que enaltecen la justicia ante los ojos de la sociedad, las que les devuelven, poco a poco, la confianza a los colombianos.
Díctum. La oposición no hizo sino darle palo a Mauricio Perfetti. Con el éxito del Censo Agropecuario y el impecable manejo del Dane, les calló la boca.
GABRIEL SILVA LUJÁN
GABRIEL SILVA LUJÁN
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