Alerta por incremento de tráfico de madera en el país

Alerta por incremento de tráfico de madera en el país

En lo corrido del año, las incautaciones superan en un 56 por ciento a las de todo el 2014.

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08 de noviembre 2015 , 09:33 p.m.

En lo que va corrido del año, de los bosques colombianos se han llevado de forma ilegal más madera que en todo el 2014. Según las autoridades, en los primeros 10 meses se han decomisado 7.100 metros cúbicos de madera, mientras que el año pasado las incautaciones alcanzaron los 4.000 metros cúbicos.

El Pacífico es uno de los corredores sobre el que las autoridades tienen las alarmas encendidas. Uno de los más recientes decomisos se dio en Buenaventura (Valle del Cauca), donde la Armada descubrió un cargamento de 1.054 metros cúbicos de sande y cuángare. El primero es un tipo de árbol que alcanza hasta los 35 metros de altura y 1,50 metros de diámetro, crece en bosques húmedos tropicales y es empleado para fabricar mangos de herramientas, cañas de pescar, cajonería y chapas para tríplex, entre otros. El cuángare, por su parte, se emplea para juguetes y construcciones interiores. Su árbol puede alcanzar una altura de 30 metros y un diámetro de 60 centímetros.

El capitán de fragata Andrés Aponte, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, precisó que este tipo de tráfico ilegal de madera se ha convertido en una fuente de financiación para los grupos al margen de la ley que delinquen en la zona.

“El metro cúbico de cuángare en el mercado puede valer hasta 500.000 pesos. Pero hay especies como el mangle, que es una madera especial y fina, cuya explotación puede estar entre los cuatro y seis millones de pesos”, explicó Aponte.

Una vez talados, los árboles son llevados a la costa y allí los traficantes aprovechan las mareas para arrastrarlos. Son amarrados y sujetados a embarcaciones que los llevan hasta los puertos.

La tala ilegal de árboles es el tercer factor de deforestación del país, según el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, quien señala que las dos primeras son la minería criminal y la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Se calcula que, al año, el país pierde 48.000 hectáreas de bosque por la tala clandestina.

El especialista forestal del Fondo Mundial para la Naturaleza en Colombia (WWF), Miguel Pacheco, agrega que la tala ilegal trae un efecto dominó que afecta a todas las especies de un bosque, especialmente en Colombia, el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado.

Además, quienes se dedican a esta práctica no tienen las mismas precauciones que los aserradores legales. “Por lo general, al caer un árbol se lleva a su paso otras especies, incluso árboles que son considerados semilleros y que aún estaban en crecimiento. Eso es una tala indiscriminada y no sostenible”, dijo una fuente consultada por este diario.

Una de las investigaciones que adelantan las autoridades en el suroccidente del país busca detectar una banda que está detrás del robo constante de madera en el Cauca. Se estima que entre finales del año pasado y el primer semestre del 2015 se han llevado de sus bosques unos 5.000 millones de pesos en madera.

“En uno de los más recientes operativos se hallaron varios motosierristas en esa finca donde hay madera de pino”, señaló una fuente judicial.

Cultura de la ilegalidad

Expertos aseguran que una de las razones por las que el tráfico ilegal de madera existe radica en que hay pocos controles sobre el origen de la madera con la que se construye, por ejemplo, una cama, un gabinete u otra clase de mueble.

“Es como comprar un disco pirata. Para el ciudadano es algo normal, pero es un delito. Es una cultura de ilegalidad”, explica Pacheco, y agrega que se ha identificado que “el 42 por ciento de la madera que se comercializa en Colombia viene de fuentes ilegales”.

En el 2011 se firmó un pacto por la madera legal en el país, y la secretaría técnica estaba a cargo del Ministerio de Ambiente. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) fue una de las gestoras de la iniciativa, a la que se unió Fedemaderas. La actual directora ejecutiva de esa agremiación, Alejandra Ospitia, reveló que, entre el 2012 y el 2014, el pacto fue suspendido y quienes lo firmaron se estaban desvinculando.

No obstante, Ospitia asegura que se está trabajando para reiniciar el pacto. “Queremos que se ponga en marcha un sistema de control y vigilancia, y que el pacto empiece a funcionar (…) creemos que se puede lograr porque es la primera vez, en nueve años, que se hace agenda de trabajo con un ministro de Ambiente”, indicó.

Una de las medidas para frenar esta práctica, ya está en marcha, de la mano de CorpoUrabá, que tiene a disposición de las autoridades un aplicativo para consultar de manera inmediata si la madera que se moviliza en su jurisdicción corresponde a un cargamento ajustado a la ley.

A esta herramienta, diseñada sobre la base de un desarrollo tecnológico que se tenía en CorpoAmazonia, se le adaptaron las necesidades del Urabá antioqueño.

Cada vez que debe movilizarse una carga de madera, los responsables deben tramitar un salvoconducto ante la respectiva Corporación Autónoma Regional.

Estos permisos están siendo falsificados o adulterados. En Urrao (Antioquia), recientemente se descubrió un cargamento de madera que era movilizado con un certificado falso. Tenía un número que ni siquiera correspondía al consecutivo que se llevaba en la zona.

“Con el aplicativo se consultan las características y se confirma si lo que se está movilizando corresponde a lo que registrado ante las autoridades”, señaló la coordinadora de Flora, Fauna y Suelos de CorpoUrabá, Ana Lucía Vélez.

Cifras de esta Corporación, cuya jurisdicción abarca 19 municipios antioqueños, también muestran un aumento en decomisos. Mientras que en el 2012 hubo incautaciones por 529,16 metros cúbicos, para este año esa cifra aumentó en 1.064 metros cúbicos.

Lo que falta

Existe un vacío jurídico que se busca subsanar y que se relaciona con los usos que se le dan a la madera incautada.

El ministro Vallejo reconoce que la ley no les permite disponer de manera inmediata de un cargamento ilegal. “Esto genera problemas de almacenamiento, de mantenimiento y ese es otro reto grande que tenemos hoy. Trabajamos para poder disponer de ella (la madera) para proyectos de construcción de vivienda de interés social o de otras actividades”, concluyó el funcionario.

JUAN PABLO GÓMEZ
Periodista de Justicia

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