La actual crisis eléctrica es consecuencia de: 1) Demoras del Gobierno y la Creg en afrontar los problemas previstos de escasez de gas; 2) Un sistema inadecuado de cargos por confiabilidad (desde el 2006), que constituye un seguro costosísimo y poco efectivo para los usuarios, además de otras equivocaciones regulatorias de la Creg, que se ha negado a corregir. Las medidas recientes obligan a los usuarios a pagar aún más por un seguro que no funciona bien y lo prorrogan hasta el 2019. Hay alternativas mejores para evitar el racionamiento.
Desde el 2006 se preveía escasez de gas en el 2016. La Upme y la industria, después del racionamiento de gas del 2010, recomendaron: 1) Hacer efectivo el compromiso de Venezuela de exportarnos gas a cambio del que ya le habíamos exportado. En lugar de eso, se prorrogaron nuestras exportaciones hasta junio pasado, con lo cual gastamos reservas que hoy necesitamos a gritos. 2) Un marco regulatorio que facilitara instalar una planta de regasificación para importar gas licuado. Por demoras de la Creg, la planta solo estará lista a finales del 2016. 3) Facilitar la exploración y el desarrollo de gases no convencionales. Se tardó demasiado en expedir el marco regulatorio y ambiental, y aún no se otorgan las licencias.
El país construyó un sistema eléctrico bien regulado para que no volvieran a ocurrir un apagón como el de 1992 ni crisis financieras del sector como la de 1983. Ese apagón no se debió a falta de capacidad instalada, sino a desembalses imprudentes de las hidroeléctricas y a que muchas plantas térmicas no estaban disponibles por falta de mantenimiento. Para evitar este último problema, en 1994 se estableció un cargo de respaldo (5,73 dólares por kw-mes), que cubría costos de inversión y mantenimiento para las nuevas térmicas de reserva. En 1996 se le llamó cargo por capacidad, se lo extendió a las hidráulicas con embalses grandes y, en menor cuantía, a otras plantas.
En el 2006 la Creg adoptó el actual cargo por confiabilidad. Este remunera la energía firme de todas las plantas. Es supuestamente un seguro de cantidades y precio. Este nuevo seguro, que tuvo críticas de los expertos desde el primer día, ha costado casi el doble que el viejo (844 millones de dólares vs. 489, en promedio anual) y tiene errores graves de diseño: 1) Se les paga tanto o más a plantas ya amortizadas que a las nuevas. 2) Se les paga a hidráulicas sin capacidad de embalse y a térmicas viejas muy ineficientes. 3) Indujo a muchas plantas de gas a pasarse a combustibles muy costosos y contaminantes (diésel y fuel oil), en contravía de lo que pasa en el mundo. El costo de reconversión también lo pagamos los usuarios. En adición, la Creg reguló mal el precio de escasez y, por ello, estas térmicas pierden hoy mucho dinero cuando tienen que generar y algunas buscan incumplir sus obligaciones, después de haber recibido el cargo por años.
Por todo lo anterior, los consumidores hemos pagado más de 7 millardos de dólares desde el 2006 por un seguro que no funciona bien. Al mismo tiempo, este seguro y otros errores de regulación conducen a que muchas plantas hidráulicas hagan enormes utilidades a costa nuestra.
Si es necesario amortiguar las pérdidas temporales de algunas térmicas para que no haya racionamiento, esa plata debe salir de lo que ya se recauda por cargo por confiabilidad, y no de un alza adicional de tarifas. Pues si las térmicas no generan, las hidráulicas tampoco podrán cumplir sus obligaciones. Además, la Superintendencia debe hacer efectivas multas y pólizas e intervenir las plantas que incumplan, y entregarlas en administración. Y es urgente revisar toda la regulación de tarifas y fortalecer técnicamente la Creg.
(I) Informes de la Contraloría, el Congreso y un grupo de notables nombrado por Gaviria.
GUILLERMO PERRY