Denuncian negocio detrás de multas a carteles de empresarios

Denuncian negocio detrás de multas a carteles de empresarios

Sancionados dicen que exasesores de la Superindustria usaron información privilegiada para demandar.

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07 de noviembre 2015 , 05:37 p.m.

Las grandes multinacionales y compañías locales que terminaron implicadas en los llamados carteles empresariales podrían terminar condenadas dos veces.

Además de las sanciones multimillonarias que les impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) –que en el caso de los ingenios supera los 320.000 millones de pesos–, también afrontan demandas por perjuicios causados a consumidores de sus productos: papel higiénico, pañales, cuadernos y azúcar.

Esas demandas suman 13,8 billones de pesos y las está promoviendo la ONG Defendemos, Liga de Consumidores de Bogotá, que ya ha interpuesto cuatro acciones de grupo contra las compañías que resultaron enlodadas con las sanciones de la SIC. Defendemos busca que se indemnice a los consumidores afectados con los acuerdos de precios pactados por debajo de la mesa que, por décadas, les dejaron a las compañías implicadas jugosas ganancias.

Pero algunas empresas salpicadas por el escándalo han puesto en entredicho a las cabezas de esa organización cuando se instauraron las demandas: la abogada Juana Barco y el comunicador Andrés Felipe Hoyos Escobar.

¿Impedimentos?

La objeción es que ambos fueron asesores del despacho de José Miguel de la Calle cuando fue superintendente de Industria y Comercio y cuando arrancaron varias de las investigaciones.

Según resolución de la SIC, la apertura de la investigación contra los ingenios fue en febrero del 2012.

“Si bien es legal que se constituyan organizaciones para instaurar acciones populares, lo que no parece correcto es que exfuncionarios de la SIC estén detrás de esas demandas, usando información privilegiada a la que pudieron tener acceso. Esto es una especie de puerta giratoria en la que hay claros impedimentos y un negocio”, dijeron asesores legales de un par de ingenios sancionados y ahora demandados.

“Defendemos es una empresa sin ánimo de lucro, pero en las demandas piden que se les entregue el 10 por ciento de las indemnizaciones a manera de honorarios del abogado coordinador de la demanda. Estamos hablando de más de un billón de pesos”, agregan los asesores legales.

Y rematan diciendo que el grueso de las acciones instauradas por Defendemos están sustentadas en documentos, cálculos y decisiones de la SIC.

Barco, la abogada de la que hablan, llegó a esa entidad en octubre del 2010, tras laborar tres años en el reputado bufete De la Calle, Londoño y Posada Abogados. Luego de su retiro de la SIC, en julio del 2012, se convirtió en la vocera y gerente administrativa de Defendemos, Liga de Consumidores de Bogotá.

Así consta en su perfil y en declaraciones a medios en las que figura como representante de la ONG.

En cuanto a Hoyos, se convirtió en “asesor de primera mano del Superintendente” (como él mismo se presenta), en enero del 2011. Y estuvo en ese cargo hasta febrero del 2012. Entre sus funciones estaba la de asesor del despacho en la divulgación de temas claves, entre ellos el de la protección al consumidor. Luego, en el 2014, se presentó ante medios como vicepresidente de Defendemos.

Y hay un tercer exasesor de la SIC clave en las acciones de grupo que instaura Defendemos: el economista español Miguel de Quinto Arredonda. Fue asesor económico de la SIC entre octubre del 2011 y enero del 2014. De hecho, en el 2012 elaboró un estudio sobre ‘Indemnizaciones por daños económicos a víctimas directas e indirectas de carteles: marco legal y cuantificación’. Ahora, Defendemos lo cita como testigo.

Y si bien serán jueces de la República quienes definan si esta ONG tiene argumentos legales para que estas firmas paguen las millonarias indemnizaciones, varias empresas piden que se tenga en cuenta un posible impedimento de los exfuncionarios de la SIC.

EL TIEMPO se comunicó con Juana Barco y con Andrés Hoyos, y ambos aseguraron que se retiraron de Defendemos hace algunos meses y que no saben qué pasó con las demandas. Además, que la información de la SIC usada, era pública.

Con este debate de fondo, se espera que en unos meses se conozcan los primeros fallos contra los carteles.

‘Ya no tenemos nada que ver con la ONG’
Juana Barco y Andrés Hoyos niegan uso de información privilegiada

Juana Barco y Andrés Hoyos le aseguraron al EL TIEMPO que ya no tienen vínculo con Defendemos y que cuando fueron directivos de esa ONG, luego de salir de la Supercomercio (SIC), no tenían impedimentos.

Agregaron que en la SIC, ni ellos, ni Miguel De Quinto tenían capacidad de decisión o acceso a información privilegiada. Cuando se le preguntó a Juana Barco por el destino del 10 por ciento de las indemnizaciones que reclama Defendemos, respondió que no se iba a referir al tema porque ya no hacía parte de la ONG y que ahora se dedicaba a sus actividades particulares.

Por su parte, Andrés Hoyos afirmó que en la SIC no tuvo acceso a las investigaciones que terminaron con sanción a los señalados carteles de empresas. “Lo digo categóricamente, que no supe de esas investigaciones”, aseguró. Y aunque se presentaba como vicepresidente de la ONG, dijo que en Defendemos solo estuvo dos meses como vocero y ayudando a socializar temas de la Liga de Consumidores. “Después, no supe más”, puntualizó.

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u.investigativa@eltiempo.co

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