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Capturan a cuatro personas por fraude a programa de alimentos

El desfalco, por $2.217 millones, afectó beneficios para la primera infancia de La Guajira.

JUSTICIA
La Fiscalía capturó a cuatro personas que habrían participado en un desfalco de 2.217 millones de pesos de un programa de alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en La Guajira. 
El programa que estaba destinado a la primera infancia tenía como objetivo la atención a niños y niñas menores de cinco años, así como madres gestantes y lactantes, para lo que se destinaron 141.000 millones de pesos de los cuales se adjudicaron 77.665 mediante una convocatoria a 73 operadores.
Con 106 contratos se pretendía beneficiar a 27.000 usuarios con refrigerios, charlas y un mercado familiar mensual para las familias y también desayunos, almuerzos y refrigerios para los niños menores de cinco años.
Sin embargo, tras investigar varias denuncias la Fiscalía encontró que uno de los operadores conocido como Fundación un Mejor Vivir, con el que el Icbf celebró dos contratos en el 2015 por valores de más de 5.000 millones, cada uno, cobraba de manera fraudulenta esos dineros por servicios no prestados. Esto porque se estableció que creaba falsos cupos de beneficiarios inexistentes.
Por ejemplo, se encontraron los registros de 304 niños de los que no se pudo comprobar su existencia pues no se encontraba información en la Registraduría Nacional.
La Fiscalía también encontró firmas alteradas que supuestamente respaldaban los cobros por los refrigerios y servicios de transporte, lo que significó un fraude de 695 millones sólo para este punto. También se evidenció un sobrecosto en la compra de mercados, papelería y elementos de aseo por 1.500 millones de pesos.
Entre los capturados están Maria Isbelda Hernández Roys, funcionaria del Icbf, Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación un Mejor Vivir, Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y mercados, y Robinson Antonio Román Dávila, creador de una empresa fachada.
Según la Fiscalía, Hernández era la supervisora de los contratos del Icbf y no cumplió con su rol de vigilancia. Y Fince Bravo, como contadora de la fundación, era quien realizaba los giros por viáticos y transporte, sin que esos dineros llegaran a los beneficiarios.
La Fiscalía les imputará a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica y material en documento público y privado.
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