Editorial: Basta ya de abusos

Editorial: Basta ya de abusos

Llegó la hora de ponerles tatequieto a los colados del Sisbén.

06 de noviembre 2015 , 08:44 p.m.

No se sabe qué es peor: si la evidencia aportada por Planeación Nacional que demuestra que cientos de miles de personas calificadas como pobres por el Sisbén no lo son o que, siendo una verdad sabida desde hace tiempo, las acciones para contener el desangre de recursos públicos que eso causa son de una tibieza desesperante.

Para entender las dimensiones del problema, hay que empezar por decir que el Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisbén), creado hace más de dos décadas, es una encuesta que se utiliza para establecer quiénes necesitan, por su condición de vulnerabilidad y pobreza, asistencia del Estado.

Aquellos que resultan, según la medición, ser los más pobres se convierten en beneficiarios de al menos 16 programas sociales en áreas vitales como educación, salud, vivienda, alimentación y protección a la niñez y al adulto mayor, entre otras.

De este modo el Estado busca compensar inequidades y brindar apoyo a los más necesitados, con miras a remontar esta condición y no a perpetuarla, que es como algunos avivatos pretenden que sea.

Si las cifras aportadas por el Sisbén son reales, significaría que en Colombia hay 34 millones de pobres, esto es, el 75 por ciento de la población. La cifra, sin profundizar tanto, genera más de una duda, sobre todo si se contrasta con los avances que en este campo ha venido mostrando el país. Algunos podrán afirmar que no son los deseables, pero son reales.

El informe presentado esta semana por el Departamento Nacional de Planeación, que se dio a la tarea de revisar las bases de datos del Sisbén, es apenas una evidencia de que en estos registros abundan los colados. En ellas aparecen, por ejemplo, 457.000 fallecidos (300.000 de los cuales murieron hace más de un año), personas certificadas como desempleadas no obstante tener ingresos superiores a los 6 millones de pesos, núcleos familiares con más de 20 integrantes e hijos que figuran como menores de edad desde hace más de una década.

Los más optimistas creen que por culpa de estas bases de datos hay por lo menos dos millones de personas que tienen subsidiado el servicio de salud, aunque cuentan con capacidad de aportar solidariamente como todos los demás.
Vale anotar que a este caos no se llegó de un día para otro. El Sisbén –un instrumento bien diseñado– ha carecido siempre de mecanismos eficaces de verificación y actualización periódicas. De eso se han aprovechado políticos regionales que piden favores a cambio de colar a la gente en estas bases de beneficiarios, un incontable número de personas que, si bien tienen altos ingresos, los ocultan para eludir impuestos y aportes; traficantes de bases de datos e intermediarios que se lucran cobrando por los fallecidos.

Llegó la hora de ponerle tatequieto al uso abusivo del Sisbén; no se trata de coartar derechos o de recortar beneficios, sino de brindar asistencia, en las mejores condiciones posibles, a quienes en verdad lo necesitan. El trabajo iniciado por Planeación es un buen comienzo. Ojalá todas las entidades que manejan programas sociales a partir de estas bases de datos entiendan que a ellas también les corresponde hacer lo posible para salvaguardar los recursos públicos, que son de todos.

editorial@eltiempo.com

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