El llamado voto de opinión ha sido una de las principales sorpresas de las pasadas elecciones regionales, pues terminó imponiéndose sobre las maquinarias políticas en las alcaldías de ciudades capitales como Medellín, Bucaramanga, Cali y Cartagena.
En estas ciudades, los partidos tradicionales, a pesar de su inmenso poder político y económico, no pudieron evitar el triunfo de movimientos cívicos que movilizaron con éxito el voto no amarrado, el de los inconformes, o en términos actuales, el de los indignados.
La primera y más evidente conclusión que puede extraerse de este fenómeno es la pérdida de poder de los partidos políticos, que cada vez sufren más para conquistar victorias electorales en las ciudades principales en donde el voto de opinión suele tener mayor peso que en pequeños municipios.
En efecto, además del triunfo del voto de opinión en las mencionadas alcaldías de ciudades capitales, el comportamiento electoral de algunos departamentos en la elección de gobernadores es también significativo en este aspecto.
Por ejemplo en Santander, el candidato a la Gobernación Leonidas Gómez, que se lanzó por un movimiento cívico y obtuvo la segunda mayor votación en todo el departamento, ganó en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana (Girón, Floridablanca y Piedecuesta), pero perdió en el resto municipios, a excepción de Los Santos, en donde es reconocido por su labor como empresario. La victoria en el resto del departamento se repartió entonces entre Didier Tavera, Holguer Díaz y Carlos Fernando Sánchez, quienes contaban con la maquinaria del Partido Liberal y el clan de los Aguilar, respectivamente.
En Antioquia sucedió algo similar, pues el electo gobernador, Luis Pérez, del Partido Liberal no pudo ganar en Medellín y gran parte del área metropolitana, pero se impuso en la mayoría de municipios restantes del departamento.
Lo anterior corrobora que las maquinarias políticas funcionan mucho mejor en zonas alejadas de las grandes ciudades, pues allí es más fácil movilizar al electorado con las conocidas prácticas de esta “tradicional” forma de hacer política, mientras que en las urbes principales los votantes suelen ser más rebeldes y menos dóciles al momento de elegir su candidato y, si bien las maquinarias se hacen sentir allí también, no tienen el terreno abonado si un candidato independiente empieza ganar fuerza en encuestas y redes sociales y logra congregar al voto de opinión.
Ahora bien. Sin duda la derrota de las maquinarias políticas frente al voto de opinión no es algo nuevo. En Cali y Medellín los movimientos cívicos desvinculados de los partidos políticos han gobernado gran parte de los últimos años. Sergio Fajardo, Alonso Salazar y ahora Federico Gutiérrez han triunfado en Medellín, mientras que Apolinar Salcedo, Jorge Iván Ospina, Rodrigo Guerrero y el recién electo Maurice Armitage han hecho lo propio en Cali.
Una característica común a estos nuevos movimientos cívicos y a sus líderes es que la ciudadanía los identifica como ajenos a la “politiquería”, esto es, alejados de prácticas corruptas y clientelistas con los que se asocia a los partidos políticos tradicionales.
La ideología cuenta poco en estos nuevos movimientos. El apoyo ciudadano en las pasadas elecciones a Federico Gutiérrez en Medellín, Maurice Armitage en Cali o Rodolfo Hernández en Bucaramanga está cimentado en la transparencia que encarnan estas nuevas figuras de la política, quienes no han estado vinculados a los partidos políticos y su trayectoria ha estado más ligada a la academia o al sector privado.
Sus programas de gobierno no tienen una plataforma ideológica que pueda considerarse como de derecha o izquierda. Por el contrario, siempre evitan que los encasillen en una u otra orilla ideológica. “En los clubes sociales dicen que soy comunista, mientras que algunos sectores me tildan de oligarca”, dijo Armitage en una entrevista para evidenciar que no es de derecha ni de izquierda.
El acento en la transparencia y pulcritud de los gobernantes contrasta con la pérdida de importancia que para los electores tiene la ideología que estos profesan, lo que explica en parte la pérdida de poder de los partidos políticos.
Años atrás no sucedía lo mismo, pues los electores se identificaban con un partido político, liberal o conservador, y votaban por sus candidatos más allá de valoraciones éticas, pues lo importante era la ideología que profesaban.
Sobre este cambio en la relación que existe entre gobernados y gobernante, explica el profesor Pierre Rosanvallon: “En la política ‘tradicional’, la pertenencia del electo a un partido es lo que constituye esa garantía (que es entonces indisociablemente disciplinaria e ideológica). El partido en ese caso es la institución ‘visible’ que enmarca la relación de confianza entre los electores y sus representantes. En la ‘nueva’ política, la reputación constituye la principal mediación organizadora de la confianza. En cierto sentido, se ha convertido en el depósito de garantía del hombre político”.
Esta devaluación de la ideología ha generado, entonces, que los electores tengan una mirada más individualizada y menos partidista de los asuntos políticos, por lo que cada vez tiene menor peso la ideología o el partido político de un candidato al momento de votar.
La transparencia constituye entonces un capital importante que deben conservar tanto candidatos políticos como gobernantes, pues la corrupción ha venido ocupando el lugar que antes tenía el comunismo para la derecha o el capitalismo para la izquierda, además de que la legitimidad política ya no se obtiene solamente con una victoria electoral, sino que se sigue construyendo durante todo el mandato de un gobernante a través de la probidad de sus actuaciones.
En palabras de Rosanvallon, diríamos: “Así como el honor sustituye en el siglo XVIII la virtud como regulador social central, la reputación ha tendido a imponerse a fines del siglo XX a la elección como regulador político mayor”.
JUAN FELIPE AGUILAR CASTILLO
Abogado especialista en derecho constitucional