Para un país que tenía fresca en la memoria la debacle del Bogotazo, y había estado temiendo otro estallido como ese y viviendo fechas que le recordaban las imágenes de pesadilla de aquella jornada, el miércoles 6 de noviembre de 1985 fue la confirmación de sus peores vaticinios.
Tal como se rumoraba en las semanas anteriores a esa fecha, al final de la mañana el grupo guerrillero M-19 entró a sangre y fuego en el desprotegido Palacio de Justicia, la sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, ni más ni menos, y se lo tomó en pocos minutos con el propósito de someter a juicio –por sus supuestas traiciones al proceso de paz de aquel entonces– al presidente Belisario Betancur.
El Ejército Nacional, que discutía públicamente con el mandatario por causa de los diálogos, recuperó el palacio luego de una batalla bárbara y cuestionada hasta hoy, que duró dos días y una larga noche.
El resultado fue un holocausto que ha marcado irremediablemente a varias generaciones, a quienes perdieron a sus familiares, a quienes salieron de ese infierno por muy poco, a quienes hicieron parte tanto de la toma como de la retoma, a quienes tomaron las decisiones que abrieron las puertas a semejante matanza y a quienes fueron testigos de los horrores.
Se habla hoy aún, después de los libros y los especiales de prensa y las películas que se han hecho, de los tanques que entraron por las puertas del palacio. De las emisoras que fueron censuradas. De la voz del presidente de la Corte Suprema: “Que el Presidente de la República dé finalmente la orden de cese el fuego...”.
Y si lo que pasó adentro fue una tragedia pocas veces vista en una nación habituada a las tragedias, y resumió tantos de los problemas de aquella Colombia atrapada entre las guerrillas, los narcotraficantes (cuyo papel en este holocausto deberá establecerse) y las violencias de un país en permanente estado de sitio, lo que siguió fue una vergüenza por la que el Estado ha sido condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los desaparecidos, que, como prueban ciertos documentos, salieron con vida del palacio han sido una mancha en el pasado reciente de la nación, tanto como los que murieron y cuyos cuerpos nunca se les entregaron a sus familiares por la dificultad de identificarlos luego de la indebida manipulación que se hizo de la escena del crimen.
Fueron asesinados doce magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía; veintidós asistentes de la Corte, seis empleados del edificio y tres transeúntes. El M-19 llegó a un acuerdo de paz, sus miembros reconocieron el error sanguinario que cometieron y se integraron a la vida política del país. El Estado, representado por el actual mandatario, pedirá perdón hoy por su parte en la hecatombe. El presidente Betancur, quien había optado por el silencio, por estos días ha pedido perdón a sus compatriotas por los errores que haya podido cometer. Falta, quizás, el reconocimiento de lo que pasó, que tanto los libros periodísticos como el informe de la Comisión de la Verdad del 2005 han documentado plenamente.
Pero ya es posible, y más en pleno proceso de paz, sacar lecciones que de aquí hasta siempre nos salven de repetir jornadas como aquellas.
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