En sus conceptos enviados a la Corte Constitucional, el procurador Alejandro Ordóñez había insistido en la inviabilidad de que parejas del mismo sexo accedieran a adoptar, con límites o sin ellos. Su argumento es que deben primar los derechos del niño y no los de una población en particular.
Además, que las diferencias genéticas, anatómicas y psicológicas del hombre y la mujer “tienen una influencia decisiva en la formación de los niños, quienes necesitan para su adecuado desarrollo de un padre varón y una madre mujer”.
Sobre ese caso ha dicho que una familia está concebida por un hombre y una mujer, contrario a lo fallado por el alto tribunal: “El matrimonio es una unión sexual cuya característica es la dimensión sexual de la persona varón y la persona mujer”. (Además: Los argumentos de la Procuraduría en su lucha contra la adopción gay)
La Iglesia católica ha sido otro de los grandes opositores a la adopción en parejas del mismo sexo. La Conferencia Episcopal señaló en uno de sus conceptos que “numerosas investigaciones científicas ponen en evidencia serias dudas sobre la idoneidad de parejas del mismo sexo para brindar un adecuado desarrollo para los menores”.
Además, que “planear la cuestión de la adopción en términos de ‘discriminación’ es un error porque supone hacer pasar por encima de los derechos prevalentes del menor las reivindicaciones e intereses de los adoptantes”.
