Las razones del Estado para pedir a Corte que reverse fallo sobre Barú

Las razones del Estado para pedir a Corte que reverse fallo sobre Barú

Una es la representación de comunidades de parte de dos personas que no son originarias de la zona.

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04 de noviembre 2015 , 10:03 p.m.

Una ciudadana española, María del Carmen García García, aparece como representante legal de la Asociación de Trabajadores del Turismo de Playa Blanca, que fueron reconocidos como comunidad étnica afrodescendiente en un fallo de la Corte Constitucional que ordenó titular tierras en la isla de Barú.

Ella, de hecho, entabló una de las tutelas –la otra es de un barranquillero, Wilfrido del Río Estrada– que llevaron a la Corte a ordenar que los vendedores de esa zona sean reconocidos como consejo comunitario y, en consecuencia, consultados para la realización de un megaproyecto turístico a cargo de la Sociedad Playa Blanca Barú S. A. S.

La representación de las comunidades de parte de dos personas que no son originarias de Barú es una de las razones por las que este miércoles cinco entidades del Estado, encabezadas por la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, le pidieron a la Corte que declare la nulidad de su fallo.

En la petición, el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Cartagena, el Incoder, Fonade y la Dirección General Marítima (Dimar) aseguran que la decisión de los magistrados no solo va contra las evidencias, sino que constituye un grave precedente “que podría abrir las puertas para la privatización de las playas de Colombia”. Lo que sostiene la Agencia es que el fallo “desconoce el concepto real de comunidad étnica al cobijar a un grupo de comerciantes” que, según el Gobierno, en su mayoría son foráneos y se arrogaron la representación de los nativos de este territorio.

Además, de acuerdo con las entidades que presentaron el incidente de nulidad, la sentencia fue proferida sin tener en cuenta el material probatorio que previamente habían solicitado, dentro del que se encuentran fotos, videos y testimonios que demostrarían que quienes piden reconocimiento como comunidad étnica y ancestral no cuentan con esta condición.

La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, aseguró que en esta zona existen tres comunidades afrocolombianas que están debidamente reconocidas como comunidades étnicas y consejos comunitarios: Santa Ana, Barú y Ararca.

“Lo grave de este fallo es que un grupo de comerciantes organizados, que tienen derecho al trabajo pero que no se quieren someter a las reglas de formalidad establecidas, se autoproclaman como comunidad étnica en desmedro de las verdaderas comunidades ancestrales para adquirir una serie de derechos que por otra vía no obtendrían”, agregó.

El alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, aseguró que “lo que ha existido a lo largo de la playa es una explotación comercial de bienes de uso público y estas personas están suplantando a una comunidad étnica que jamás ha estado asentada en la zona”.

El Estado considera que el fallo, al ordenar la titulación colectiva a la nueva comunidad afro reconocida, podría dar lugar a la privatización de playas. “Es un contrasentido con lo que establece la Constitución del 91, pues estamos ante la posibilidad de que se titulen bienes de uso público en zona de litoral, que son por ley prácticamente inenajenables e intocables”, dijo el contralmirante Pablo Emilio Romero, director de la Dimar.

JUSTICIA

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