Hasta sus últimos días, la Judicatura sigue dando muestras de su ineptitud para resolver los problemas logísticos de la Rama y, además, dándoles la razón a los sectores que lograron imponer, en la reforma de equilibrio de poderes, la eliminación de ese cuestionado órgano judicial.
A semanas de entregar sus cargos para darle paso al nuevo Consejo de Gobierno Judicial, los magistrados de la Sala Administrativa aprobaron un acuerdo que desapareció, por varios días, miles de cargos de los despachos de descongestión judicial. Esa polémica actuación, que se reflejó en que el martes los ciudadanos se encontraron con que nadie les daba razón del avance de sus procesos, fue temporalmente solucionada con un nuevo acuerdo que prolonga los cargos hasta finales de noviembre.
No obstante, hay que enfatizar que se trata de un paño de agua tibia que de ninguna manera resuelve de fondo un problema estructural: la existencia de una nómina paralela en la Rama que muchas veces es manejada a dedo desde las altas esferas judiciales y que debía corregirse con nombramientos de funcionarios de carrera en las áreas donde son más necesarios para romper la impunidad y combatir la mora judicial.
A estas alturas del debate, esos magistrados, empezando por el presidente de la Sala, José Agustín Suárez, no le han explicado al país por qué procedieron a crear cerca de 1.400 cargos para funcionarios administrativos que, según denuncias de sus colegas de las otras cortes, podrían terminar respondiendo más a intereses burocráticos que a los de mejorar la eficiencia de la justicia en Colombia. Flaco favor le hacen a una rama del poder público cuya imagen en el último tiempo ha alcanzado los niveles más bajos desde que existen este tipo de mediciones.
Lo más grave es que no hay ninguna garantía de que en cuestión de un mes el país no se vea abocado, de nuevo, a la misma crisis porque la Sala Administrativa no tomó las medidas del caso.
Lo que más debe preocupar es que no hay por ahora razones para ser optimistas respecto al futuro inmediato de esta pieza clave del engranaje del sistema judicial. Que sea esta la oportunidad de advertir que frente a la conformación del nuevo Consejo de Gobierno Judicial, que reemplazará a la Sala de marras, existen también muy fuertes reservas.
Como bien lo han señalado entidades tan respetadas como la Corporación Excelencia en la Justicia, el proceso de selección de los tres miembros técnicos de ese nuevo organismo carece de medidas que garanticen que allí llegarán los más capacitados –los cerebros que llevarán a una revolución en una función del Estado afectada por la paquidermia, la ineficiencia y la corrupción– y no personas sin los pergaminos suficientes o aquellos que a falta de méritos tienen padrinos en las más altas esferas de la Rama.
A los presidentes de las altas cortes, que tienen asiento en el Consejo, les cabe en esto una importante responsabilidad. La eliminación de la Judicatura no puede llevar a una nueva decepción como consecuencia de la conformación de ese Consejo de Gobierno Judicial.
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