La población del municipio de Segovia, nordeste antioqueño, amaneció sin comercio ni transporte. Estos dos sectores se unieron al paro de mineros, que tiene lugar debido a la orden de la Procuraduría General que ordenó el cierre de once minas consideradas ilegales.
Según el Ministerio Público, le corresponde al alcalde de Segovia cumplir con el mandato de cerrar estos lugares de extracción de recursos minerales, que directamente benefician a 8.000 trabajadores.
“Los comerciantes, transportadores y la Alcaldía están de nuestro lado. A lo que se llegó es a la decisión de comenzar un paro que va en contra de esa decisión maquiavélica de la Procuraduría”, dijo Rubén Darío Gómez, secretario General de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol.
Para él, el paro solo agudiza los problemas sociales del municipio y acrecienta los problemas de orden público, la oleada de violencia y criminalidad que hay en la región.
Por eso, desde el pasado lunes el alcalde electo de Segovia Gustavo Tobón y una delegación de mineros buscan acercamientos con la multinacional minera Gran Colombia Gold para encontrar una salida a la medida.
“Lo que pretendemos es evitar el acto administrativo, además de buscar la modificación del decreto reglamentario de se está expidiendo, que pone a la minería de subsistencia en una situación de desaparición”, agregó Tobón.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Esteban Mesa, manifestó que al momento no se han presentado problemas de orden público e hizo un llamado a las organizaciones sociales y líderes mineros para mantener este comportamiento y adelantar sus reclamaciones de manera organizada, cívica y respetuosa.
Además, explicó que en el municipio hay dos puntos de concentración, en la electrificadora y en un sector conocido como el cucaracho, “en el municipio se sienten los efectos de un paro, sin embargo, la cantidad de personas es muy variable”, agregó.
La Procuraduría realizará una reunión extraordinaria el lunes 9 de noviembre para revisar la orden del cierre de las 15 minas. Una de las peticiones para la solución del sector es la revisión de políticas de inversión social y afectación a las cuencas hidrográficas de los municipios de Segovia y Remedios, al igual que la solución a la problemática de la adquisición de material explosivo para las operaciones mineras.
MEDELLÍN