La Agencia Nacional de Defensa del Estado presentará este miércoles la solicitud que hizo a la Corte Constitucional para que revise el fallo en el que este alto tribunal determinó que los pobladores afrodescendientes que habitan la vereda Playa Blanca en la isla de Barú (Cartagena) deberán ser reconocidos como consejo comunitario con el fin de que ellos aprueben la realización de un proyecto turístico a cargo de la Sociedad Playa Blanca Barú SAS.
Esto, luego de que María del Carmen García García, representante legal de la Asociación de Trabajadores del Turismo de Playa Blanca (Asotuplab), y Wilfrido del Río Estrada radicaran las tutelas en las que argumentaban que la Sociedad Playa Blanca Barú SAS realizó una consulta para emprender el proyecto turístico sin que la comunidad afro fuera consultada ni reconocida.
Para la Corte Constitucional, la construcción de este proyecto podría modificar las actividades diarias de la comunidad.
"Ello bien porque las zonas en las que actualmente se asientan van a ser ocupadas por la nueva obra de infraestructura o bien porque el proyecto hotelero incida en la manera en que interactúa la comunidad afrodescendiente con la playa, específicamente en lo que respecta a las actividades económicas de subsistencia que llevan a cabo los integrantes de dicha comunidad afro", dice el fallo.
El Gobierno Nacional y la sociedad Playa Blanca Barú S.A.S buscan la nulidad del fallo argumentando que la sentencia le reconoce derechos como comunidad afrodescendiente a terceros, incluidos extranjeros, que han llegado a la zona.
En la solicitud el Gobierno también busca demostrar que se confundieron los derechos de comunidades étnicas legitimadas para procesos de consulta, con las reclamaciones de asociaciones civiles o de carácter comercial.
