Antecedentes del holocausto

Antecedentes del holocausto

Es preciso revivir los hechos del Palacio, presentados a veces de manera simplista y distorsionada.

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03 de noviembre 2015 , 05:24 p.m.

La mayoría de los colombianos y colombianas de hoy tenían menos de 10 años el 6 de noviembre de 1985. Es decir, no vivieron ese horror. Para ellos, principalmente, es preciso revivir esos hechos, presentados a veces de manera simplista y distorsionada como expresión de ese mal nuestro de ignorar aun la historia más reciente.

Como antecedente inmediato, durante el gobierno de Turbay Ayala (que tenía fama de duro con la guerrilla, comoquiera que al terminar su mandato los entregó a todos presos), el M-19 se tomó a sangre y fuego, en febrero de 1980, la sede de la embajada de República Dominicana en Bogotá y mantuvo como rehenes a la mayoría de los embajadores acreditados en Bogotá, incluidos el de los EE. UU. y el nuncio apostólico.

Hacían al Gobierno exigencias de imposible cumplimiento, como la de desconocer sentencias judiciales y liberar a todos los guerrilleros presos. El presidente Turbay no permitió la reacción militar inmediata y optó por la vía del diálogo y la negociación.

Fueron casi dos meses en los que la prensa, sin limitación alguna, cubrió el evento, que terminó de manera incruenta con la liberación de los rehenes y sin que el Gobierno hubiese aceptado ninguna de sus peticiones.

En 1982 asumió como presidente Belisario Betancur, quien al posesionarse prometió que no se derramaría una sola gota de sangre más en una guerra fratricida, e inició un audaz proceso de paz con la guerrilla que llevó a un año de tregua con la Coordinadora Nacional Guerrillera y a la creación del movimiento político Unión Patriótica, ahogado luego en sangre con la complicidad de sectores oficiales. No contó él con el pleno apoyo de empresarios, ganaderos, latifundistas y sectores de la Fuerza Pública a quienes su negociador de Paz, el inolvidable escritor y periodista Otto Morales Benítez, describiera como “enemigos agazapados de la paz”.

Rotas las negociaciones por quejas de ambas partes, el M-19 intensificó sus acciones, entre las que estuvo el ataque al Batallón Cisneros, de Armenia, y un atentado al entonces comandante del Ejército Rafael Samudio Molina.

Entre tanto, los magistrados eran amenazados por los narcotraficantes bajo el rótulo de “extraditables” que pretendían que la corporación tumbara el tratado con EE. UU. que permitía su extradición. Nunca cedieron. Sin embargo, un año después los magistrados que los reemplazaron luego del holocausto, en extraño fallo, ‘tumbaron’ el tratado y seis años después la Constituyente prohibió la extradición de nacionales, petición principal del grupo narcoterrorista.

De otro lado, la Sala Penal había citado a indagatoria al Ministro de Defensa por las torturas inferidas a Olga López. En octubre de 1985, la Fuerza Pública descubre un plan del M-19 para asaltar el Palacio de Justicia el 17 de ese mes, con motivo de la visita a Bogotá del socialista presidente de Francia Mitterrand. Por esa razón, el Palacio de Justicia era objeto de un anillo de protección que incluía Ejército y Policía, anillo que, misteriosamente, fue desmantelado el día anterior a la toma.

El M-19 realizó la denominada operación Antonio Nariño, supuestamente dirigida a adelantar un juicio contra el Presidente por los incumplimientos de los acuerdos de paz. A diferencia de lo que había ocurrido antes, no hubo un minuto siquiera para el diálogo y a las pocas horas los tanques entraban al palacio, en imagen que horrorizó al mundo. No se atendió el llamado del presidente de la Corte para que cesara el fuego cruzado, que los tenía en “trance de muerte”, y se permitiera un diálogo con los asaltantes.

Los resultados son conocidos: todos los guerrilleros comprometidos fueron, o bien abatidos, o asesinados después; varios miembros de la Fuerza Pública perdieron la vida cumpliendo con su deber, centenares de rehenes fueron liberados y murieron 11 magistrados titulares.

En la próxima me ocuparé de las investigaciones, sus reveses, el pacto de silencio y las lecciones para el proceso de paz.


Alfonso Gómez Méndez

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