Las regiones, sin planes frente a cambio climático

Las regiones, sin planes frente a cambio climático

Procuraduría presentó informe sobre la inexistencia de estrategias para enfrentar el fenómeno.

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02 de noviembre 2015 , 09:11 p.m.

Tragedias como la de Salgar (Antioquia), que en mayo pasado dejó casi un centenar de muertos por el desbordamiento de una quebrada, o la del barrio Cervantes en Manizales, donde en el 2011 48 personas murieron por un deslizamiento, podrían repetirse por cuenta de las pocas medidas de prevención adoptadas por las administraciones locales.

Así quedó en evidencia en una investigación de la Procuraduría General, que indagó sobre el riesgo de desastres naturales en 936 de los 1.102 municipios del país. El estudio concluyó que al menos el 82 por ciento de estos tiene poblaciones en zonas de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos. Y solo el 33 por ciento ha puesto en marcha planes de reubicación.

El estudio, que la Procuraduría presentará mañana y que fue conocido por EL TIEMPO, fue elaborado por la delegada para Asuntos Ambientales y su objetivo principal es establecer la capacidad real de adaptación de los municipios frente al cambio climático.

Según los datos de la Procuraduría, en la ola invernal del 2011 y el 2012, nueve de cada diez municipios reportaron tragedias y pérdidas que sumaron los 11,2 billones de pesos.

A pesar de ese panorama la Procuraduría encontró que solo el 51 por ciento de municipios encuestados tiene una estación de monitoreo meteorológico del Ideam, y el 85 por ciento dice que no cuenta con un sistema de alertas tempranas para amenazas naturales. Y el 63 por ciento no ha actualizado los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que son claves para mitigar el riesgo pues contemplan el manejo de ríos, aguas y suelos.

“Lo anterior refleja nuevamente que, a pesar de estar claramente expuestos a desastres naturales, gran parte de los municipios no han tomado acciones de prevención”, asegura la investigación.

Más riesgos de salud

Los desastres naturales han disparado los riesgos para la salud. De hecho, dice la Procuraduría, el 59 por ciento de municipios ha informado que en los últimos años creció la propagación de enfermedades. Las que han aumentado son las diarreicas (en un 87 por ciento), el dengue (en un 58 por ciento) y la malaria (en un 13 por ciento).

El riesgo se incrementa teniendo en cuenta que, según el estudio, 700 municipios no cuentan con planta de tratamiento de agua potable en su zona rural y 487 municipios no tienen plantas de tratamiento en su zona urbana.

En cuanto al ahorro de energía, aunque desde el 2001 el Gobierno expidió una ley para fomentar el uso racional y eficiente, solo el 13 por ciento de municipios ha invertido en proyectos para usar fuentes de energía no convencionales (renovables) o fomentar el uso más racional de este recurso.

De otro lado, a pesar de que la seguridad alimentaria es una de las grandes preocupaciones asociadas al cambio climático, únicamente el 26 por ciento de los municipios ha evaluado la vulnerabilidad de sus cultivos agrícolas frente al invierno o la sequía.

“Lo anterior implica que gran parte de los municipios desconocen los impactos potenciales de los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria de su jurisdicción y no cuentan con las herramientas necesarias para migrar a cultivos resistentes a las sequías, inundaciones o plagas que se derivan de esta situación”, dice el estudio del Ministerio Público.

También preocupa, según la investigación, que el 89 por ciento de entes territoriales dice que no tiene infraestructura para almacenar alimentos como medida preventiva en caso de escasez.

En lo que toca a la minería, actividad que “puede magnificar los efectos del cambio climático en el país”, la Procuraduría encontró que 122 municipios reportaron que más del 75 por ciento de las explotaciones en sus áreas de jurisdicción no tienen ni licencias ni control.

El cambio climático, según la Procuraduría, también es una amenaza para erradicar la pobreza extrema, reducir el hambre y mejorar la salud. Esto, porque dificulta el acceso al agua potable, e impacta la productividad agrícola que afecta a los campesinos y a los pobres que viven en las ciudades y que tienen más dificultades cuando se encarecen los alimentos.

EL TIEMPO

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