Editorial: Polémica con mucha energía

Editorial: Polémica con mucha energía

El alza en tarifas de electricidad creó controversia en un país en el que el servicio es crucial.

02 de noviembre 2015 , 08:29 p.m.

Todavía no ha llegado el momento en el cual los usuarios del servicio de energía en el país reciban sus facturas con el incremento que anunció el Ministerio de Minas la semana pasada, algo que ocurrirá en diciembre. Sin embargo, la polémica en torno al reajuste mencionado apenas comienza, como lo demuestran las reacciones de diferentes analistas y de la propia Contraloría, que manifestó su intención de involucrarse en el asunto.

Según lo han dicho las autoridades, el alza obedece a la necesidad de asumir parte de los sobrecostos asociados a la generación de electricidad en las plantas térmicas que usan especialmente combustibles líquidos. Las restricciones en la oferta de gas natural, que es más barato, sumadas a problemas en el abastecimiento ante el alto consumo en la frontera con Venezuela, influyen en pérdidas que se tasan en billones de pesos para las compañías del ramo.

El propósito del Ejecutivo es que estas empresas sigan siendo viables financieramente, así les corresponda asumir un saldo en rojo cuantioso. La lógica detrás del apoyo tarifario es que debido al fenómeno climático del Niño no habrá suficiente agua disponible para las hidroeléctricas, que en condiciones normales son las que aportan el 70 por ciento de la luz que consume la ciudadanía.

Que las térmicas operen es crucial para que los colombianos no se vean expuestos a un racionamiento que tendría efectos negativos sobre el bienestar de la población. Ahora se requiere que estas aporten en promedio un 45 por ciento de la energía requerida, para preservar el nivel de los embalses, que están en 63 por ciento de su capacidad y deberán enfrentar lo más fuerte de la sequía, a partir de diciembre.

Nadie, a decir verdad, discute el objetivo de que no haya apagones. El problema es quién paga qué, sobre todo si se tiene en cuenta que desde hace años los usuarios sufragan una especie de seguro llamado cargo por confiabilidad, cuyo propósito es que las plantas térmicas estén listas cuando se les requiera. Si esto no ocurre, los contratos firmados prevén la aplicación de multas importantes. En caso extremo, podría darse una intervención estatal de ciertos activos, con el fin de que el servicio no se interrumpa.

Aunque el Gobierno insiste en que el esfuerzo de los usuarios será bajo, deberá hacer un mejor trabajo explicando por qué el esquema no funcionó en la forma correcta y mirar hacia atrás, si es necesario. La poca disponibilidad de gas no le debería sorprender a nadie, pues se había advertido desde la década pasada. El uso de combustibles líquidos, que impulsó la administración de Álvaro Uribe, también fue debatido en su momento.

A primera vista, pareciera que tanto la Comisión de Energía y Gas como los sucesivos ministros de Minas se demoraron en tomar decisiones a tiempo. Esa imprevisión es la causante de la situación actual y exige un sincero ejercicio de reflexión, con el fin de aprender de los errores cometidos, para tomar los correctivos del caso.

Tras el racionamiento de 1992, Colombia hizo una buena tarea que le permitió sortear con éxito las oscilaciones del clima. Ahora, la prioridad inmediata es evitar que se vaya la luz, pero no menos importante es salvaguardar un marco institucional que ha sido efectivo y requiere ajustes para que los justos no paguen por los pecadores.

EL TIEMPO
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