Las elecciones más contaminadas

Las elecciones más contaminadas

Hubo costaladas de dinero para la compra de votos y la realización de toda clase de actos.

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01 de noviembre 2015 , 08:56 p.m.

La mayoría de los comentarios hasta ahora hechos sobre los resultados del 25 de octubre destaca el aumento de la participación electoral y la importancia del voto de opinión, que eligió alcaldes como los de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Popayán y Neiva, así como algunos gobernadores. Pero como no elegimos 20 alcaldes sino 1.100 y 32 gobernadores, conviene verificar lo que ocurrió en todo el país.

Las últimas pudieron ser las elecciones más tranquilas en varias décadas, como se dijo antes de la masacre de Güicán, pero también las que registraron mayores grados de politiquería y corrupción.

La mayor parte de los municipios y departamentos ha sido capturada por roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias políticas y que los convirtieron en feudos podridos. Ni el Gobierno, ni el Congreso, ni los partidos hicieron lo que tenían que hacer para superar tanta situación anómala. Guardaron silencio.

La paz territorial que, según el Gobierno, deben construir los alcaldes y gobernadores recién elegidos tendrá su mayor obstáculo en las calidades de esos mandatarios y en las múltiples deudas que adquirieron para llegar a sus cargos.

A los partidos solo les interesó entregar avales de manera arbitraria y caprichosa. Ahora, incluidos los que perdieron, se declaran victoriosos por el número de ediles, concejales, diputados, alcaldes o gobernadores que eligieron. Se comportaron como si lo único que les interesara fuera la nómina y los contratos de las diferentes entidades territoriales, y el número de curules conseguidas.

Sobre los antecedentes, problemas y patrocinios políticos y económicos de buen número de candidatos, los medios denunciaron los casos más alarmantes. Vale la pena agregar que nuestro ordenamiento no exige ningún requisito ni calidad para las dignidades que se proveen electoralmente, no obstante las funciones que ejercen y los cuantiosos recursos que manejan municipios y departamentos. En cambio, los exige para ocupar cargos, incluso menores, en los diferentes niveles de la administración pública.

Sobre los costos y financiación de las campañas, debe decirse que hubo costaladas de dinero para la compra de votos y la realización de toda clase de actos, muchos de ellos con TLC en sus dos versiones (tamal, lechona y cerveza, o tejas, ladrillo y cemento), durante varios meses, porque las nuestras son las campañas más largas del mundo. Hasta hace poco la mayor fuente de recursos ilegales era el narcotráfico. Aunque debe seguir siendo importante, han aparecido otras igualmente apreciables: minería ilegal, contratistas y ‘compra’ de decisiones valiosas, por ejemplo en el respectivo POT.

Lo anterior y muchos otros temas exigen profunda reforma política territorial que le ponga pueblo a la descentralización, pues la mayoría de los municipios y departamentos vive del voto cautivo de las maquinarias que controlan y manipulan la opinión ciudadana. Esa gran reforma tiene que ser el capítulo más importante de la reforma política nacional.

Además, la descentralización es una de las claves de la guerra o de la paz, razón por la que se habla de paz territorial. Pero las instancias decisorias a nivel nacional –Gobierno, Congreso y partidos– no tienen interés en promover y hacer esa gran reforma porque unos y otros cohabitan y se benefician de situaciones que aportan alta dosis de ilegitimidad a todo el sistema político.

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

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