Veinte años después del asesinado del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, solo hay dos personas condenadas, una de ellas por falso testimonio: Carlos Alberto Lugo Álvarez. Este hombre, quien se ofreció como testigo, mintió durante 19 años señalando a personas que ni siquiera estaban en Bogotá el 2 de noviembre de 1995, cuando se perpetró el crimen a la salida de la Universidad Sergio Arboleda. Aún está por determinarse si lo hizo para obtener una millonaria recompensa o como parte de un plan para borrar pistas del magnicidio. (Lea aquí: Condenan a falso testigo en caso de magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado)
El otro condenado es Héctor Paúl Florez, quien cumple una sentencia de 40 años de cárcel. Fue capturado en los primeros años del proceso junto con Manuel Mariano Montero y Flaminis de Jesús Tovar, quienes fueron absueltos. Voceros de la familia de Gómez Hurtado señalan que las investigaciones que se han hecho en los últimos 20 años apuntan a que Flórez también sería inocente.
Imagen del atentado contra el exdesignado Álvaro Gómez en Bogotá. / Foto: Archivo EL TIEMPO. |
En todo este tiempo, la justicia no ha dado con una hipótesis sólida. Los militares vinculados inicialmente al proceso, entre ellos el coronel Bernardo Ruiz Silva, exjefe de inteligencia de la Brigada 20 en Bogotá, quedaron libres en medio de las incongruencias en las que fueron sorprendidos los testigos.
El caso estuvo en manos de fiscales de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía; pasó luego a la Dirección Antiterrorismo y, ahora, a investigadores de la Dirección de Contexto. De nuevo, la línea de trabajo se dirige a altos oficiales de la Fuerza Pública.
Por ahora fue citado a indagatoria el general Rito Alejo del Río (condenado a 25 años de cárcel por un crimen cometido por paramilitares) y la Fiscalía trabaja en la citación de otros oficiales de la época. En el expediente aparece la declaración del exparamilitar Edwin Zambrano Pinto, alias William, quien dijo que fue testigo de una reunión en Valencia (Córdoba) en la que, supuestamente, Carlos Castaño y varios capos acordaron varios crímenes en los que usaron a sus fichas en las Fuerzas Militares, y que uno de esos crímenes fue el de Álvaro Gómez Hurtado. (Vea también: Caso de Álvaro Gómez seguirá abierto por vinculación de militares)
Sin embargo, el abogado Enrique Gómez Martínez, que representa a la familia de la víctima, no da crédito a esa hipótesis y sostiene que es una nueva maniobra para desviar la investigación. Asegura que el supuesto paramilitar no aparece en ningún organigrama de las Auc.
El abogado señaló que la Fiscalía jamás investigó las maniobras para desviar la investigación y la desaparición de evidencias claves en el proceso.
La familia Gómez insiste en la tesis del crimen de Estado y en la importancia de que se realice una investigación contra el gobierno del expresidente Ernesto Samper Pizano, del que el político conservador era un duro crítico por la crisis del proceso 8 mil.
El polémico abogado Ignacio Londoño, asesinado por sicarios en julio pasado, cuando hacía campaña para la alcaldía de Cartago, en el Valle, era el único indiciado en el caso. La Fiscalía ha descartado que el crimen de Londoño esté relacionado con la investigación por el homicidio de Gómez Hurtado.
Londoño fue señalado por el capo del narcotráfico Hernando Gómez Bustamante, ‘Rasguño’, de ser el supuesto enlace entre la mafia del norte del Valle y sectores políticos supuestamente interesados en eliminar a Gómez Hurtado. En su momento, sin embargo, el fiscal Eduardo Montealegre sostuvo que esa investigación fue cerrada por la muerte del abogado, pero que en lo que se había avanzado no se había encontrado indicio de participación “por acción u omisión” de Londoño.
El ente acusador tenía una investigación contra el hoy senador Horacio Serpa Uribe, que tras su elección fue enviada a la Corte Suprema de Justicia. Otro capítulo judicial está en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, donde hay una indagación preliminar contra Samper.
En el caso del senador Serpa, el abogado de la familia Gómez señaló que la Corte consideró que se debían escuchar cerca de ocho testigos que ya habían sido oídos, porque en su momento no hubo un representante de Serpa en la diligencia.
Igualmente señaló que el caso en el que aparece el expresidente Samper está hoy en manos del representante a la Cámara Édgar Alfonso Gómez, quien fue recusado por su cercanía con el exmandatario y su entonces ministro del Interior Horacio Serpa.
“He defendido ideales políticos planteados por el doctor Samper Pizano con los cuales me he identificado en su debido momento, habida cuenta de compartir la misma filiación política”, señaló el representante investigador en el impedimento presentado a la Comisión de Acusación que lo negó y dejó en sus manos el caso.
“Ese es otro hecho que demuestra que no hay garantías para que la investigación sea transparente y avance”, señaló el abogado Gómez Martínez.
Por ahora, la vinculación al proceso del general Del Río evitará la prescripción este noviembre, pues una decisión de la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia del 8 de julio abrió la puerta para que esa figura pueda postergarse hasta en una tercera parte de la pena máxima cuando uno de los vinculados es un servidor público.
“Nos encontramos frente a una situación de idénticas características al caso que se tramita en el máximo tribunal de la justicia ordinaria por cuanto la persona que se encuentra sub iudice en este radicado, es decir el general Rito Alejo del Río, era servidor público para la época de los hechos”, se lee en un documento de la Fiscalía 39 de la Dirección de Contexto. Según esa tesis, el caso prescribiría el 2 de marzo de 2022.
La Fiscalía acaba de ordenar que se investigue la muerte de varios testigos del caso y otros crímenes que habrían sido cometidos por la misma organización que asesinó a Gómez Hurtado. Se determinó inspeccionar el expediente por el asesinato del periodista Gerardo Bedoya Borrero, perpetrado el 21 de marzo de 1997. El crimen fue atribuido al narcotráfico por las críticas que Bedoya Borrero, jefe de las columnas de opinión de El País de Cali, había hecho a la infiltración de organizaciones criminales en la clase política.
También se ordenó inspeccionar el proceso por el crimen del periodista y profesor universitario Didier Aristizábal Galeano, atacado por sicarios en Cali en abril de 1998.
Los representantes de la familia de Gómez Hurtado han advertido sobre los crímenes de varios testigos, como Lorena Henao, hermana del narcotraficante Orlando Henao, el temido ‘Hombre del Overol’, y esposa del capo del Valle Iván Urdinola. Y del abogado Rommel Hurtado, en cuya casa se encontraron documentos sobre un supuesto intento de golpe de Estado a Ernesto Samper y quien fue investigado por supuestamente recibir cheques de una empresa fachada del cartel de Cali.
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