El metro seguirá en el centro del debate sobre la movilidad. Ha sido aplazado varias veces, la última, en el año 2000. Toda la responsabilidad se le achacó al alcalde Enrique Peñalosa, pero realmente fue una decisión compartida con el gobierno de Andrés Pastrana.
Recapitulemos un poco: el metro era parte del plan de desarrollo ‘Por la Bogotá que queremos’, con el apoyo de la Nación. El gobierno de Ernesto Samper lo aprobó por Conpes y autorizó vigencias futuras en 1998.
En junio de ese año se firmó un convenio Nación-Distrito que establecía varias condiciones que tratamos de cumplir una por una (yo era el gerente del proyecto): estudios de suelos y redes de servicios públicos, ambientales, prediales, institucionales, y la estructuración técnica, legal y financiera. Incluso llevamos un proyecto de acuerdo para la creación de la empresa metro, que el Concejo no aprobó.
Por su parte, el Gobierno Nacional hizo evaluaciones de su espacio fiscal, con Fedesarrollo, que demostraban que era una inversión grande, difícil de manejar en un entorno de recesión económica, con los bancos en salvamento y luego del terremoto de Armenia.
En abril del 2000, luego de muchas reuniones e idas y venidas, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Mauricio Cárdenas, comunicó al alcalde Peñalosa que no había recursos para el metro. El costo era de seis billones de pesos.
El alcalde Peñalosa pidió a cambio un plan extenso de ampliación de TransMilenio, cuyos primeros 40 kilómetros ya avanzaban, con recursos del Distrito. El DNP estuvo de acuerdo, pero el Conpes solo fue aprobado en noviembre del 2000, después de las elecciones para el segundo mandado de Antanas Mockus, cuando el director de DNP era Juan Carlos Echeverry. El plan era para 388 kilómetros; se han hecho 112, a un costo del orden de cuatro billones, moviendo 2,4 millones de pasajeros por día.
¿Se repite la historia? No creo. Pero eso no significa que el metro proyectado deba dejarse sin ninguna revisión. El proyecto, preparado por el Distrito en un proceso de ocho años, es elevado en costo (15 billones) y movilizará cerca de 700.000 pasajeros por día.
Usando el trazado existente, ProBogotá-Región sugirió hacerlo por fases, aplazando el tramo norte de menor demanda (menos de 20.000 pasajeros por hora por dirección) y mayores riesgos geotécnicos (construcción a cielo abierto). El aplazamiento sería de la calle 72 a la calle 100, cuyo costo estimado es 2,4 billones. Eso es muy sensato.
Para el sector suroccidente del trazado actual, el validador de la Financiera de Desarrollo Nacional sugirió una opción elevada que ahorraría otro billón de pesos. No hubo acuerdo sobre ese punto entre Distrito y Gobierno Nacional.
Esa sugerencia se puede considerar en el marco de la estructuración para licitación, sin que se atrase más este sueño de los bogotanos. Es cierto que tendrá impactos visuales y urbanos, pero nos acerca a un metro que podemos pagar. El costo y los riesgos sí importan.
DARÍO HIDALGO
Director de la Práctica de Transporte WRI