Los contratos que enredan a la alcaldesa de Suba

Los contratos que enredan a la alcaldesa de Suba

Según Fiscalía, habría irregularidades en 12 convenios firmados por más de 2.500 millones de pesos.

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01 de noviembre 2015 , 08:35 p.m.

Mientras se decide si a la alcaldesa de la localidad de Suba, Marisol Perilla, le dictan o no medida de aseguramiento en la investigación que adelanta la Fiscalía por la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales, EL TIEMPO conoció los contratos que investiga la Fiscalía.

“La segunda instancia son los jueces penales del circuito. Se está esperando a que asignen uno para este caso y que tome la decisión que encuentre pertinente”, indicó Guillermo Mendoza Diago, exfiscal General de la Nación y defensor de la alcaldesa de Suba.

En el caso de Suba, la Fiscalía señala que se encontraron irregularidades en 12 convenios. El señalamiento contra la alcaldesa Perilla se basa en un informe que presentó la Contraloría en septiembre de 2014 que señala que hubo irregularidades en convenios suscritos entre la alcaldía y varias entidades sin ánimo de lucro que sumarían más de 2.500 millones de pesos.

Las entidades con las que se suscribieron los convenios son: la Fundación Casa de la Cultura de Suba, por un valor de $ 605 millones; la Fundación Candelaria Joven con $ 576 millones; la Fundación Mundo Vida y Paz, por $ 308 millones; Corporación Colonia Verde, $ 330 millones; la Fundación Misioneros, con $ 204 millones. Por $ 148 millones se suscribió otro convenio con la Corporación Solidaria y Trabajo; por valor de $ 110 millones con la Fundación Proyección social y Ambiente, y $ 44 millones con la fundación para la Comunicación y Educación Suba al Aire.

Para Mendoza Diago, este proceso no debía llevarse en instancias penales, que podrían implicar una pena privativa de la libertad a Perilla, sino en la instancia contenciosa administrativa.

“En los documentos aparecen como convenios de asociación, entonces que lo cuestionen como tal. Y si hay una irregularidad se maneja por la vía contenciosa administrativa para anularlo, pero no deducir de ello una contratación indebida, con características penales”, explicó Mendoza, quien agregó que en el peor de los casos debe responder es el contratista.

Por su parte, la alcaldesa Perilla asegura que su detención atentaría contra sus derechos. “Soy una mujer formada para defender el Estado social de derecho y una medida de aseguramiento es casi como acabar con mi vida”, dijo en la última audiencia a la que tuvo que comparecer.

Precisamente este proceso ha interferido en las labores de Perilla como alcaldesa de Suba y encargada de Barrios Unidos, quien además debe asumir el costo de los honorarios de su abogado.

“Mientras estén las audiencias en curso, el funcionario tiene que estar compareciendo a los llamados de la justicia y eso lo aleja un poco de su cargo”, concluyó Mendoza.

Por el momento no hay fecha para la audiencia, en segunda instancia, en la que se decidirá si a la alcaldesa Perilla le dictan medida de aseguramiento, pero ella se comprometió a seguir compareciendo ante la justicia. “Presentaré mis pruebas y me defenderé en la etapa de juicio que viene”, concluyó la alcaldesa.

EL TIEMPO

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