En mayo del 2008, una mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de apartarse del ordenamiento jurídico para activar una vendetta política y personal en contra del presidente Álvaro Uribe y de sus principales colaboradores. El Gobierno de entonces había cometido un imperdonable error de juicio al lanzar, por boca del mandatario y de otros voceros, duros ataques a la Corte, cuya Sala Penal acababa de iniciar una serie de procesos por vínculos de dirigentes políticos uribistas con los paramilitares.
Pero ninguno de esos terribles desatinos del Gobierno justifica que el alto tribunal hubiese torcido el rumbo de su sagrada tarea de semejante manera. Si un juez se deja calentar la cabeza en el marco de un debate político, abandona la majestad de su labor y renuncia a la imparcialidad sin la cual es imposible impartir justicia.
El asunto ha quedado en evidencia en una tutela interpuesta por Diego Palacio, exministro de Protección Social de Uribe, para tratar de tumbar la condena que pesa sobre él por el caso de la ‘Yidispolítica’. En ese proceso, Palacio fue acusado de ofrecer favores burocráticos a la representante Yidis Medina para que ella votara a favor del proyecto que abría las puertas a la reelección del Presidente (por cierto: pocos altos funcionarios del actual gobierno saldrían indemnes de procesos similares, pues la ‘mermelada’ de puestos y contratos ha sido utilizada de modo sistemático para comprar votos de congresistas; pero esa es otra historia).
La tutela de Palacio revela grabaciones de la sesión de la Corte, en aquel año 2008, que evidencian que los magistrados, con sus cabezas hirvientes por los ataques del Gobierno, tomaron la decisión de impulsar el procesamiento de funcionarios de Uribe, como el exministro Palacio y varios más, y de hacerlo “por consenso”, “sin salvamentos de voto, por conveniencia política”. Además, plantearon “actuar como cuerpo” y “en legítima defensa”. Los magistrados que así se comportaron sustituyeron la justicia y el derecho por el ajuste de cuentas político.
Las grabaciones presentadas por Palacio fueron obtenidas de manera ilegal, como consecuencia de una actuación delictiva y en todo sentido condenable, desarrollada por el DAS de la época. Eso convierte dicha prueba en altamente controvertible. En principio, una evidencia ilegal no puede ser tenida en cuenta en un proceso judicial.
Pero hay excepciones y en Colombia existe un caso paradigmático: el escándalo del ‘miti miti’ de 1997. En esa ocasión, dos ministros de la administración de Ernesto Samper fueron procesados con base en la grabación de una conversación telefónica que sostuvieron sobre la adjudicación oficial de emisoras de radio. El registro del audio de la charla fue realizado por los servicios de inteligencia, sin orden judicial, luego se trataba de una prueba cargada de ilicitud. Pero eso no impidió el procesamiento de los dos ministros.
Durante la década pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo en cuenta un video obtenido de forma ilegal como elemento de análisis y contexto para condenar al Estado peruano por la detención arbitraria y el asesinato de los hermanos Gómez Paquiyauri, en un caso muy similar a los ‘falsos positivos’ ocurridos en Colombia.
La grabación aportada por el exministro Palacio genera tal cúmulo de dudas sobre la parcialidad y sesgo de quienes decidieron procesarlo que dichas dudas bastan para exigir que su proceso sea anulado y él quede en libertad. El problema es que ese mismo sesgo se puede aplicar a muchos otros casos de exfuncionarios de Uribe procesados por la Corte Suprema. Pero ese es el precio que la Corte debe pagar por haber dejado de lado el derecho para dejarse tentar por la vendetta política.
MAURICIO VARGAS
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