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País de contrastes

Elegimos buenos alcaldes pero gran parte de la política se ha convertido en un negocio criminal.

GUILLERMO PERRY
Quien lea o escuche los balances hechos por diversos analistas sobre las elecciones del domingo pasado pensaría que hablan de dos países distintos. Unos resaltan cómo el voto de opinión derrotó a las maquinarias y eligió buenos alcaldes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Pereira, Valledupar y otras ciudades. Otros denuncian el vulgar movimiento de dineros, la mayoría de dudosa procedencia, comprando votos y gamonales, y que resultó en la elección de candidatos impresentables, o con padrinos impresentables, en casi todas las gobernaciones (excepto unas pocas, como Atlántico y Quindío) y en muchos municipios.
La verdad, en este caso, no está en el medio. Ambas visiones extremas son ciertas. Colombia es un país de contrastes, en donde coexisten instituciones y líderes que nos envidian otros países latinoamericanos con niveles de corrupción e incompetencia que ya no se ven ni en el África subsahariana.
No hay duda de que es refrescante que en la mayoría de las ciudades grandes hayamos elegido buenos alcaldes. Pero no podemos desconocer que el grueso de la política se convirtió no solo ‘en un simple negocio’, sino en uno abiertamente criminal. Muchos candidatos y sus promotores ‘invierten’ sumas enormes en la campaña, excediendo de lejos los topes legales, para luego recuperar con creces esa inversión a través de la distribución fraudulenta de contratos y el cobro de coimas.
No podemos resignarnos a aplaudir cuando un buen candidato logra ser elegido con votos de opinión contra empresas electorales delictivas de ese calibre. Ni aceptar que ello ocurra en las narices de un Consejo Nacional Electoral (CNE) absolutamente incompetente. Ni tolerar la complicidad del Gobierno (cuya ‘mermelada’ contribuye a la perpetuación de estos criminales de la política) y de los directivos de los partidos, quienes ya no se sonrojan al dar sus avales a candidatos corruptos con tal de poder presumir sobre cuántos eligieron.
Podemos entrar a la Ocde, pero nunca seremos un país moderno ni una democracia decente con semejante perversión de la política. Si logramos superar nuestro conflicto interno, la prioridad número uno debería ser la de combatir este flagelo.
Comoquiera que ya se convirtió en una enfermedad endémica, curarla requiere un tratamiento de choque. Ya que el CNE ha demostrado ser incapaz de controlar los topes establecidos, parece necesario prohibir toda financiación privada de las campañas. Un solo peso privado que se demuestre bastaría para retirar el apoyo estatal y anular la elección de quien resultara elegido. La financiación estatal plena de las campañas no tiene por qué ser muy onerosa, si se impone la obligación a los medios de otorgar espacios predefinidos para la presentación de propuestas y debates entre candidatos y se prohíbe toda forma de publicidad política, que no contribuye en nada a educar al electorado. En esta forma, el reembolso por voto conseguido cubriría solamente gastos logísticos. Ante una degradación tan notable de la política, no parece haber otras opciones.
Santos desaprovechó la oportunidad de arreglar este problema en su insustancial “reforma de equilibrio de poderes”. Deberíamos exigir que los próximos candidatos presidenciales se comprometan con fórmulas precisas para detener este deterioro dramático de la política.
P. S. Desde el 2005 la Upme pronosticó escasez de gas natural en el 2016. Por demoras del Gobierno no se podrá importar gas licuado a tiempo. Por su parte, la Creg cometió el error de autorizar cargos de confiabilidad basados en el uso de combustibles mucho más costosos. Las térmicas asumieron ese riesgo, ¡pero ahora nos van a cobrar tarifas aún más altas de lo previsto para compartir sus pérdidas! Muy mal precedente.
GUILLERMO PERRY
GUILLERMO PERRY
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