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La identificación de los cuerpos, una cadena irregular

Este proceso tuvo una regla general: manipular, ocultar y destruir la evidencia.

REDACCIÓN JUSTICIA
El proceso de levantamiento de los cuerpos de las víctimas del Palacio de Justicia, su identificación y entrega, que se debía realizar de manera científica, estuvo en todo momento bajo el control de autoridades militares.
Tanto la Comisión de la Verdad como los procesos judiciales dicen que ese proceso tuvo como regla general la manipulación, el ocultamiento y destrucción de la evidencia.
Los efectos de esas irregularidades, que habrían sido intencionales, han sido una de las claves para que la justicia no aparezca todavía, a pesar de los 30 años que han transcurrido desde los hechos.
1. La destrucción de pruebas
La primera irregularidad cometida por las autoridades militares de la época fue impedir la entrada de los jueces enviados por la Directora Seccional de Instrucción Criminal, que eran los facultados legalmente para esa tarea. El proceso de identificación de los cadáveres, que debió comenzar una vez cesaron las hostilidades, se retrasó porque autoridades militares asumieron una labor que no era la suya y, más grave aún, borraron indicios claves. Los funcionarios judiciales solo pudieron percatarse de que algunos soldados estaban barriendo el piso del edificio escenario de un centenar de muertes.
2. Manipulación de los cuerpos
Los militares concentraron los cuerpos en el primer piso del Palacio después de la incautación irregular de las armas, provisiones y material de guerra. El traslado de cadáveres, al parecer y en algunos casos, se hizo para borrar la forma en que las víctimas fallecieron las víctimas; en otros, por impericia, según el informe de la Comisión de la Verdad. El movimiento de los cuerpos hizo que se perdiera el contexto clave. Además, los cadáveres estaban “cuidadosamente lavados”, hecho que, para los expertos, resulta tan inexplicable como el despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias. Cuerpos carbonizados sin prendas que los pudieran identificar o con objetos ajenas llevaron a la confusión en la entrega de restos. El ministro Carlos Medellín, cuyo padre, el magistrado Carlos Medellín Forero, falleció en la toma, dice que el Gobierno intentó que su familia recibiera restos que no eran los de su padre.
3. Las actas sin rigurosidad
En los documentos que registran cómo se encontraron los restos de las víctimas hay información confusa. Por el traslado irregular de los cuerpos, cuestionaron tanto los procesos judiciales como la Comisión de la Verdad, las actas de levantamiento no plasmaron el lugar donde se produjeron las muertes; en otros casos se registraron con vaguedad: “Palacio de Justicia”, “patio interno” o “uno de los pisos”. También, durante el levantamiento de cadáveres, se confundieron pertenencias de los fallecidos y algunos cuerpos estaban embalados en bolsas de plástico y otros no. En el caso de las necropsias, los procedimientos para establecer las causas de la muerte y la identificación registraron incoherencias y vacíos. Así se evitó consignar si algunos cuerpos registraban disparos a corta distancia o si había evidencias de tortura, cuyas huellas son identificables para un forense.
4. Envío de restos a fosas comunes
La morgue en la que se practicó el procedimiento forense solo contaba con diez mesas y siete médicos, y ante la falta de espacio y personal los cuerpos fueron rotulados como NN y se alinearon en el parqueadero y en el sótano de balística del Instituto de Medicina Legal. Allí las órdenes las dieron esos días oficiales de la Policía y el Ejército.
Los jueces militares, además, ordenaron el envío de cadáveres identificados a una fosa común en el Cementerio del Sur. En esa fosa terminaron también cuerpos de víctimas de la tragedia de Armero. Hay evidencias de que, meses después, militares enterraron en ese mismo lugar algunos restos, sin que se conozca explicación.
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