Medicina Legal descarta tiros de gracia en soldados muertos en Boyacá

Medicina Legal descarta tiros de gracia en soldados muertos en Boyacá

Sobrevivientes dicen que sí hubo ejecuciones, pero hay versiones encontradas sobre la masacre.

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28 de octubre 2015 , 08:47 p.m.

Después de realizar las necropsias de los once militares y el policía que murieron en el ataque del Eln del lunes en la sierra nevada del Cocuy, el Instituto de Medicina Legal descartó este miércoles que las víctimas hayan sido asesinadas con tiros de gracia.

La versión es diametralmente opuesta de la del Ejército, que, a través del general Jorge Humberto Jerez Cuéllar, comandante de la segunda División, había hablado de al menos ocho homicidios fuera de combate perpetrados por los guerrilleros. (Lea también: Las infracciones al DIH cometidas por el Eln en emboscada en El Cocuy)

El doctor Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal, aseguró que los disparos que recibieron los uniformados fueron hechos a larga distancia, con fusiles. Las muertes no fueron producto de un ataque con explosivos. “Los cuerpos registran impactos de distintas trayectorias especialmente en tórax y cabeza”, señaló Valdés. La causa de la muerte, en todos los casos, fue politraumatismo múltiple por paso de proyectil de alta velocidad. El director de Medicina Legal señaló además que los cuerpos no registran muestra de tortura ni de trato indigno.

El miércoles en la noche, el general Jerez le dijo a EL TIEMPO que las versiones de los sobrevivientes dan cuenta de que sí hubo ejecuciones.

Dijo, por ejemplo, que el policía Jorge Riveros fue asesinado cuando ya los guerrilleros le habían dicho que saliera del sitio donde estaba refugiado. En un comunicado, el Ministerio de Defensa señaló que la versión de los tiros de gracia salió de un informe preliminar del CTI de la Fiscalía.

“Estos son actos que no podemos olvidar. Son crímenes de guerra que el país tendrá que recordar permanentemente”, dijo el Ministerio.

Alrededor de los cadáveres se encontraron 39 artefactos explosivos, según el Ejército, y varios de los cuerpos tenían trampas explosivas. Medicina Legal no reportó rastros de explosivos en los cadáveres ni en sus prendas de vestir. Los peritos, en todo caso, realizan nuevos exámenes a las prendas, para reconfirmar que no tienen rastros de pólvora y así descartar totalmente los disparos a corta distancia. (Lea también: Ataque a misión electoral es el más grave del Eln en los últimos años)

Intensa persecución

Con decenas de helicópteros y aviones de combate de la Fuerza Aérea, 750 hombres y tres drones (aeronaves no tripuladas), las Fuerzas Militares seguían anoche el rastro de los guerrilleros del Eln responsables del ataque del lunes en Güicán.

A las 11 a. m. de ayer desembarcaron en el batallón Revéiz Pizarro, ubicado en Saravena (Arauca), unos 160 militares de las Fuerzas Especiales, que viajaron desde la Base Militar de Tolemaida. Ese contingente refuerza otro de 250 soldados de Fuerzas Especiales Antiterroristas que arribaron en la noche anterior a la región en aviones Hércules.
Centenares de soldados de los batallones locales están también cerrando el cerco sobre los subversivos, que llevan con ellos a dos soldados secuestrados. En el contingente están 45 perros entrenados en rastreo y detección de campos minados.

Las operaciones son coordinadas por el propio comandante del Ejército, general Alberto José Mejía Ferrero, quien viajó a la zona desde el pasado lunes.

Desde el miércoles por la noche empezó la entrega de cuerpos a las familias de las doce víctimas, que están regadas por todo el país. Este jueves, la cúpula militar y el Ministerio de Defensa realizarán una ceremonia en homenaje de los caídos.

'Liberación sería una muestra de que quieren la paz’

El soldado Andrés Felipe Pérez Giraldo, uno de los dos secuestrados por el Eln tras la masacre en Güicán, está a punto de cumplir 24 años y lo haría en cautiverio.

Adriana Barrero Pérez, prima del uniformado, cuenta que hace menos de un mes Andrés Felipe estuvo en su tierra natal, Tuluá (Valle del Cauca), gozando de un permiso de 20 días. Sin embargo, ese descanso se vio interrumpido ante el llamado del Ejército para que reforzara la unidad que debía garantizar la seguridad en un resguardo indígena de Güicán (Boyacá).

Su familia recuerda que el 17 de octubre llamó para avisarles del traslado. La falta de señal impidió en la zona asignada que se volvieran a comunicar. “Les pido a las personas que lo liberen. Esto es demasiado dolor para nosotros, para Tuluá y toda Colombia. Hagan una muestra de que sí quieren la paz, porque no queremos más sufrimiento”, dice.

Agrega que su familia está esperanzada en el anuncio del Eln sobre una próxima liberación.

JUSTICIA

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