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Así se prepara Medellín para recibir a los desmovilizados de las Farc

Disminuir la discriminación hacia los excombatientes de grupos armados es una de las prioridades.

Deicy Johana Pareja M.
Para que los desmovilizados de las Farc, una vez firmada la paz, tengan los mismos derechos que cualquier habitante de Medellín, la Alcaldía de la ciudad incluyó en su Política de Seguridad y Convivencia, un capítulo en el que se establecen los mecanismos de protección y garantías de los derechos de quienes entreguen las armas y decidan vivir en la capital antioqueña.
Es así que dejan planteados unos lineamientos a 10 años que los próximos mandatarios deberán ajustar de acuerdo con las instrucciones del Gobierno Nacional.
Uno de los puntos que requerirá mayor atención para que los excombatientes puedan tener seguridad y acceder a un trabajo digno, educación, salud y vivienda, será la lucha contra la discriminación, que en la actualidad es uno de los factores que hace que el desmovilizado oculte su condición, permaneciendo en el anonimato por miedo a los señalamientos y sus consecuencias, que terminan en falta de oportunidades.
EL TIEMPO tuvo acceso a una encuesta del Centro de Análisis Político (CAP), de la Universidad Eafit, que revela que el 34 por ciento de los habitantes de Medellín no están dispuestos a tener como vecino a una persona desmovilizada, por encima, incluso, de habitantes de calle, que tuvo 27 por ciento y de personas que estuvieron en la cárcel, con 16 por ciento.
De acuerdo con el director programático de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Esneyder Cortés, la cifra que se ve en Medellín es poca comparada con la nacional ya que el 50 por ciento de la población del país no estaría dispuesta a tener un desmovilizado como vecino.
“Es un factor de desconocimiento lo que causa la discriminación, yo no puedo creer en lo que no conozco, hay un grado de estigmatización que ya lleva 50 años de conflicto”, aseguró.
La política que desarrolla Medellín, por eso, establece un acercamiento con las comunidades. Propone ir a cada barrio para que las personas entiendan que sus próximos vecinos estuvieron armados, pero que quieren hacer parte de la sociedad civil, cambiar su pasado por un nuevo proyecto de vida.
“Tenemos que prepararnos para entender el valor de los excombatientes. Ellos corren un gran riesgo al volver a la sociedad. Es importante que podamos apoyar esos procesos con dignidad. Es importante el trabajo de sensibilización para que las personas se pongan en los zapatos del otro. Nosotros solemos prejuzgar, estigmatizar y eso viene del miedo, de la ruptura del tejido social, de la desconfianza”, explicó el coordinador de la Política Pública de Seguridad, Sebastián Londoño.
Que los ciudadanos recuperen la confianza en el otro y en la institucionalidad es, para el funcionario, una de las prioridades de lo trazado con la política.
Para ello es fundamental aprender de las experiencias de desmovilización de los grupos paramilitares, “sistematizar y documentar los procesos venideros, de manera tal que las próximas administraciones no tengan que incurrir en aprendizajes tan costosos, es decir, que no tengan que empezar desde cero”.
Lo que se aprendió
Para el investigador del CAP de Eafit, Felipe Londoño, el proceso de desmovilización y reinserción de los paramilitares dejó lecciones bastante claras.
La primera, según él, es que no se debe dar un proceso de desmovilización completa hasta que no se desarticule el crimen organizado que ha sido “el combustible” de confrontaciones armadas en Medellín.
“En segundo lugar, que se dé una dejación real de las armas porque si seguimos teniendo ciudadanos en armas será imposible mantener un proceso de reinserción a la vida civil. Y, por último, hay que darle continuidad a las políticas públicas de largo aliento del gobierno local, ese es uno de los elementos fundamentales, pero debe permanecer en el tiempo, que no sea de un periodo de alcaldía, gobernación o presidencial”, dijo el académico.
Cortés, en concordancia con lo planteado por Londoño, aclaró que para los paramilitares desmovilizados como para los guerrilleros que en algunos meses entregarán sus fusiles, este es un proceso que requiere de tiempo, pues deben adquirir habilidades y competencias para desempeñarse como un ciudadano autónomo, consciente de sus deberes y derechos.
“Hay que trabajar con cada persona, atendiendo sus características y particularidades. Se requiere, a su vez, el compromiso de todos: del Gobierno Nacional, del local, del departamental, del sector privado y de la ciudadanía”, dijo.
Fortalecer la institucionalidad para atender a la población desmovilizada es otro de los retos. Según Cortés se deben buscar mecanismos para hacerle seguimiento al reinsertado, saber dónde está y qué está haciendo, si tiene trabajo, si estudia, si se le respetan sus derechos.
Cortés enfatizó en que se trata de construir oportunidades para que esas personas reconstruyan su proyecto de vida, pues una persona que construye su proyecto de vida no permite que sus hijos, como hicieron ellos, empuñen un arma.
“Lo que realmente interesa es que ese conflicto no se repita”, concluyó.
La ciudad, ejemplo para el país
De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración no hay cifras ni cálculos de cuántos guerrilleros podrían llegar a Medellín tras la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc.
Por ello, el director programático de la Agencia, Esneyder Cortés, aseguró que los procesos estarán lo suficientemente bien ordenados para que independientemente de la cifra, la ciudad sepa qué hacer y qué no hacer.
Además, Medellín es un referente. La Alcaldía de la ciudad en el año 2003 fue la primera que le apostó a desarrollar proyectos para atender a los desmovilizados con programa de Paz y Reconciliación.
“Nosotros como agencia aprendimos del modelo de Medellín, un programa que todavía funciona con una vinculación directa con la Agencia. Eso hace importante ese aporte”, dijo el director.
Para Cortés hay instrumentos bien construidos, que pueden ser adaptables a una nueva realidad en virtud de lo que suceda con la eventual desmovilización de las Farc.
Actualmente, 1.861 personas en proceso de reintegración viven en la capital antioqueña, de las cuales, 1.326 pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y 431 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Adicionalmente, 934 desmovilizados han culminado el proceso de reintegración, de esos, 767 pertenecieron a las Auc y 127 a las Farc.
El 25 por ciento de los desmovilizados podría reincidir en el delito. Por lo que la Alcaldía de Medellín, en su Política de Seguridad y Convivencia, incluye intervenir las zonas donde se asentarían guerrilleros que podrían retomar las armas.
El vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad, Luis Fernando Suárez, dijo: “Vemos que podrían crearse las 'Farcrim' y que tras la negociación haya estructuras tan complejas como las que dejaron las autodefensas, pero para eso se va a trabajar, para evitarlo”.
Deicy Johana Pareja M.
Redactora de EL TIEMPO
@johapareja
Medellín
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