¿Será que por fin?

¿Será que por fin?

Este séptimo intento de paz tiene que ser el definitivo.

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23 de octubre 2015 , 06:04 p.m.

Parece que, por fin –luego de varios años de contactos y exploraciones–, el Gobierno y el Eln concretan la negociación. De ser así –y ojalá lo sea–, la superación de los temores mutuos y la construcción de confianza requerirán que de antemano cada parte asuma que no puede lograr todo lo que desea, se disponga a reconocer las preocupaciones razonables de la contraparte y a hacer concesiones, respetando la Constitución y la Ley.

Al Gobierno le exigirá aceptar que el proceso con el Eln y el de las Farc son distintos, que impulsarlos a partir de su especificidad hace más compleja la construcción de la paz, pero la hace también más rica; además, que la paz será duradera si el Estado aprovecha desde ya la ocasión para liquidar tanto los restos del paramilitarismo como las ‘bacrim’ y para emprender reformas largamente aplazadas sobre graves problemas asociados a la confrontación.

El Eln ha ido abriéndose. Ya no equipara la mesa de negociación a una convención nacional en la que distintos sectores sociales deciden sobre transformaciones substanciales. Si presiona por una agenda que abarque todas las transformaciones que desean, las hace inalcanzables. Mantener el discurso de la paz pero no dejar las armas sino cuando se haya logrado el cambio social bloquearía cualquier avance. En cambio, si el Eln suspende acciones militares, acaba el secuestro y la voladura del oleoducto, devuelve a los menores que militan en sus filas y ayuda a suprimir minas antipersonas, puede contribuir a que las propuestas de distintos sectores sociales sobre asuntos regionales, ambientales o minero-energéticos se transformen en políticas de desarrollo y planes descentralizados.

Al negociar, el Eln oye el sufrimiento de las gentes de Nariño, Chocó, el sur de Bolívar, el Catatumbo, Casanare o Arauca, que no quieren seguir atrapadas en la minería ilegal o los cultivos ilícitos, en el contrabando y la violencia paramilitar, guerrillera y entre Eln y Farc; escucha el clamor de las comunidades fronterizas con Ecuador o con Venezuela (donde revivió justificando sus incursiones como defensa de los migrantes pobres maltratados por la Guardia), comunidades que anhelan vivir en paz y quieren pasar de ser escenario de la confrontación a laboratorios de reconversión de sus regiones.

El fin de sus combates puede ayudar a que esas regiones logren una presencia integral y democrática del Estado, con instituciones capaces de garantizar seguridad, justicia, creación de infraestructura y apoyo a proyectos de desarrollo y protección ambiental.

La lucha armada no les permite desplegar su potencial político; menos aún vislumbrar una victoria. Haber permanecido en armas medio siglo no es un triunfo, ni político ni militar. Esa opción produjo lo contrario de lo que buscaba, fue contraproducente y perjudicial para el pueblo por el que decía luchar. Probablemente, el Eln podría subsistir en armas aprovechando los problemas en la aplicación de los acuerdos con las Farc, reclutando a quienes se opongan a la desmovilización, reforzando secuestros y vacunas a contratistas o peajes a contrabandistas, narcotraficantes y bandas criminales. Pero así, antes que estimular la participación y el cambio social, los seguiría bloqueando.

Si parten de los acuerdos logrados por el Gobierno y las Farc, podrán avanzar en la especificidad de su negociación para confluir más adelante en un solo camino hacia el fin del conflicto armado, la refrendación de los acuerdos y los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Entonces podrán desplegar su acción política legal en favor de transformaciones que le permitan al país avanzar en justicia social, democracia y paz. Este séptimo intento tiene que ser el definitivo.

Socorro Ramírez

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