Se abre el capítulo de la tortura en caso del Palacio de Justicia

Se abre el capítulo de la tortura en caso del Palacio de Justicia

Uno de los sobrevivientes a este vejamen por parte de la Fuerza Pública habla sobre su experiencia.

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22 de octubre 2015 , 09:05 p.m.

El holocausto del Palacio de Justicia tiene desde ayer un nuevo capítulo judicial. A las investigaciones por las desapariciones y los presuntos asesinatos fuera de combate, la Fiscalía suma ahora las relacionadas con un tercer delito de lesa humanidad (y por lo tanto, imprescriptible) cometido en esos días de noviembre de 1985: las torturas contra empleados y visitantes de la sede máxima de la justicia colombiana. (Lea también: Encuentran restos de personas desaparecidas en el Palacio de Justicia)

En una resolución de 56 páginas, la Fiscalía llamó a indagatoria a 14 exmilitares y expolicías, entre ellos cuatro generales; y un coronel, Edilberto Sánchez, que además está en juicio como directo responsable de las desapariciones forzadas. En ese documento, el ente acusador asegura que el Ejército “asumió con violencia la identificación de los guerrilleros que se tomaron la edificación”.

Aunque están a punto de cumplirse 30 años de la cruenta toma del M-19 y la no menos cuestionada recuperación militar de la edificación, la Fiscalía considera que los tratados internacionales y la jurisprudencia interna le dan piso para abrir esta tercera serie de expedientes. De hecho, una sentencia del Consejo de Estado de septiembre de 2013 dejó abierta la posibilidad de que las víctimas demanden a la Nación por los hechos del Palacio, al considerarlos imprescriptibles.

El expediente, conocido por este diario, asegura que, una vez concluida la toma, miembros del Ejército y de la Policía recibieron la instrucción de interrogar a los liberados “para establecer su identidad y recibir la información importante para conocer al enemigo”.

Se desplegó entonces, dice el documento, un operativo dirigido por el general Jesús Armando Arias Cabrales (condenado a 35 años por desaparición forzada) que contó con el apoyo de uniformados del B2 (inteligencia de la Brigada 13); del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici), dirigido por el entonces coronel Iván Ramírez; del Batallón Guardia Presidencial, comandado por el coronel Justo Eliseo Peña, y de la Escuela de Artillería, comandada por el coronel Rafael Hernández, que tenía como segundo al mayor Carlos Alberto Fracica. Ramírez, Peña, Hernández y Fracica llegarían años después a ser generales del Ejército.

La Fiscalía también citó al sargento Bernardo Alfonso Garzón, capturado en enero de 2014 y considerado uno de los eslabones perdidos del Palacio de Justicia. Él fue el mismo que, a comienzos de los 90, dio los primeros testimonios sobre las torturas y las supuestas desapariciones perpetradas contra las ‘personas especiales’, que fue el término para señalar a los sospechosos de ser miembros del M-19. Luego se retractó de sus declaraciones y estuvo fuera del país por varios años. También será escuchado en indagatoria el teniente de la Policía Siervo Antonio Buitrago Téllez.

Ellos tendrán que responder, dice la Fiscalía, por sus actuaciones en un operativo para “desplazar a rehenes que salían del Palacio de Justicia hacia guarniciones militares y por participar en interrogatorios que se realizaron con violación de sus derechos”.

En el nuevo capítulo judicial aparecen como víctimas los entonces estudiantes Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, el abogado Orlando Quijano y José Vicente Rubiano, por cuyos casos el Estado colombiano aceptó responsabilidad y fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia por detención, tortura y tratos crueles. Otras siete personas, entre funcionarios del Palacio, conductores y visitantes, también fueron víctimas de violentos interrogatorios.

En el documento, la Fiscalía realiza un extenso relato de los malos tratos y amenazas que recibieron algunas de las víctimas, como el conductor Jaime Buitrago Castro. Él dio testimonio en enero pasado.

Buitrago era conductor del hijo del magistrado Jorge Valencia Arango y estaba en el sótano del Palacio cuando se inició la toma. Cuando entraron los militares, dijo el testigo, fue llevado a la Casa del Florero, en donde fue reseñado y luego llevado al segundo piso. Allí, confirmó, “había una dama que custodiaba especialmente un soldado”. Ese relato coincide con el de otros sobrevivientes y el de algunos soldados.

Buitrago sostuvo que luego ingresó al sitio el coronel Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de cárcel por la desaparición de dos personas, quien, según su relato, los observó fijamente y luego salió del sitio. Cuando el oficial bajó al primer piso llegaron otras dos personas que lo esposaron, le pusieron una capucha y lo trasladaron a otro lugar, “que tenía un piso como de arena y que olía a estiércol”.

Allí, dijo, lo hicieron desnudar y caminar en cuclillas mientras alguien lo insultaba y lo golpeaba con un palo. Después le dieron varias patadas. Pero diez minutos después, aseguró, alguien lo llamó desde lejos por su nombre y después lo hicieron vestir para trasladarlo de nuevo a la Casa del Florero, en donde le advirtieron “váyase y cuidado con ir a hablar”.

Héctor Darío Correa, que cumplía su tercer día de trabajo como notificador, relató que soldados le apuntaron con un fusil en la nuca, lo golpearon y lo insultaron. Luego lo tomaron del pelo y lo tiraron al piso, mientras le preguntaban sobre las identidades de los guerrilleros del M-19.

Así van los otros procesos contra militares

Los generales en retiro Rafael Hernández López y Carlos Alberto Fracica también aparecen en la investigación que adelanta la Fiscalía por la presunta ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.
En ese caso, los oficiales ya fueron escuchados en indagatoria y están pendientes de una decisión para resolver su situación jurídica, en la que se anunciará si son llamados a juicio por esos hechos o se cierra la investigación en su contra.

El general Iván Ramírez fue investigado y llevado a juicio por su presunta responsabilidad en la desaparición de la guerrillera Irma Franco. En ese caso fue absuelto por un juez de Bogotá en diciembre de 2011.

El exjefe del B2 (inteligencia) de la Brigada 13 coronel Edilberto Sánchez Rubiano fue llevado a juicio por el delito de desaparición forzada y la Fiscalía pidió su condena. Ese proceso, en el que también están los exmilitares Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto y Ferney Martín Causalla Peña, terminó hace 2,5 años sin que el juez 55 de Bogotá emitiera un fallo absolutorio o condenatorio.

‘Qué a la justicia no le tiemble la mano’

Eduardo Matson, el hoy fiscal que sobrevivió a las torturas a las que fue sometido por miembros de la Fuerza Pública luego de la toma del Palacio de Justicia, dice que espera que los responsables de la pesadilla que vivieron él y otros colombianos en noviembre de 1985 finalmente respondan ante las autoridades.

Después de 30 años, la Fiscalía llama a indagatoria a 14 exmilitares por los casos de tortura contra usted y otras 11 personas. ¿Cómo recibe esta noticia?

Yo la aplaudo, porque ya era hora de que la administración de justicia se pronunciara. Tarde, pero por fin se hizo. Si la Fiscalía los llama, alguna razón habrá para que esto sea así. Seguro hay elementos de prueba que confirman que esas personas, de una u otra manera, tuvieron vínculos con los hechos de tortura de los que Yolanda Santodomingo y yo, entre otros, fuimos víctimas.

¿Por qué cree que por los hechos de tortura en su contra nunca ha habido una condena?

Lo que pasa es que son procesos bastante complicados, no son fáciles de investigar. En estos casos, la prueba no ha sido directa sino indirecta. Aparte de eso, tiene que existir el compromiso del Estado, de la administración de justicia, para que realmente no les tiemble la mano en contra de los violadores de derechos humanos; para que puedan llevar a esas personas, a los victimarios, a los estrados judiciales. Ojalá sean sancionados los que realmente merecen serlo.

Entre los 14 militares llamados a indagatoria, ¿recuerda haber visto a alguno de ellos cuando usted fue torturado?

No conocía a ninguno de ellos. Lo que sí es claro es que ellos deben saber qué fue lo que ocurrió. Ellos sí deben saberlo. No los conocía. Yo era un joven de 20 años. Mentiría si le digo que recuerdo a algún militar en específico.

¿Qué pasó ese día?

En noviembre 6 de 1985, a las 11:15 a. m., la guerrilla del M-19, en un acto atrevido, delincuencial, se tomó el Palacio de Justicia. Hay que recordar que son los guerrilleros los que llegan disparando y los que empezaron a quemar el Palacio de Justicia, cuando de entrada empiezan a quemar los archivos de la Corte. Pero después vino el Ejército, que no estaba preparado para responder a un acto terrorista como ese. Los militares se volvieron locos, desquiciados. De ahí fue que vinieron los desmanes en contra de las personas en el Palacio.

¿Cómo fueron esas horas?

La gente fue trasladada a la Casa del Florero. En particular, a Yolanda Santodomingo y a mí nos llevaron al batallón Charry Solano, y allá se dieron gusto con nosotros, con vejámenes en nuestra contra. Por eso, la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano.

¿Cómo recuperan ustedes su libertad?

A nosotros nos soltaron al día siguiente en la madrugada. Nos soltaron porque éramos inocentes; nos soltaron cuando les dije que me tío era gobernador de Bolívar; mi papá, magistrado del Tribunal de Bolívar, y que yo era amigo de Miguelito Maza, hijo del general Maza Márquez. Nos dejaron abandonados en San Victorino. Pasó un carro de militares, nos recogió y nos dejó allá. Al día siguiente fuimos a reclamar al Cantón Norte nuestros papeles y no los entregaron. Nunca nos los dieron.

JUSTICIA
Justicia@eltiempo.com

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