Superintendentes: tarea ingrata

Superintendentes: tarea ingrata

La falta de autonomía de estos funcionarios limita su labor de control.

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21 de octubre 2015 , 06:36 p.m.

La confrontación de intereses de dos de los grupos económicos más pudientes que hoy se advierte en la discusión pública, por una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, es una muestra más de algo que aquí escribimos, hace un año largo, en cuanto que Colombia es una democracia formal pero dista mucho de ser una sociedad democrática.

Lo que aquí se advierte son numerosos grupos de intereses en juego que pugnan por tener un espacio de poder; por ejemplo, en Colombia, gran parte de los recursos públicos de inversión están cooptados por intereses creados que son los factores reales de poder, de lo cual son ejemplo los famosos cupos indicativos, últimamente llamados ‘mermelada’, junto con la contratación ‘a dedo’ con la que la clase política ejerce su dominio en las regiones, más los organismos de control con el trato privilegiado que les reservan a los magistrados y exmagistrados que intervinieron en la escogencia del respectivo titular, que unos usufructúan con sus familiares y allegados o directamente cuando pasa el tiempo del impedimento legal, además del ‘tour de force’ que se da entre ellos cuando se amenazan e investigan mutuamente.

Hay otro espacio fáctico de un grupo de tecnócratas que funcionan como una especie de logia en los últimos gobiernos, quienes actúan, unos desde dentro del gobierno de turno y otros desde fuera, fungiendo de consultores que coadyuvan a la respectiva gestión, papeles que luego se intercambian, en el sentido de que quienes dejan el gobierno ejercen como consultores y quienes estaban en esta última situación acceden al gobierno.

Es una especie de ‘clase dorada’ que defiende como principio las fórmulas de mercado pero que, profesionalmente, se lucra de manera casi permanente de los recursos del Estado. Esta es la democracia que aquí tenemos y sobre la cual versa esta columna.

Por ejemplo, decir que los superintendentes gozan de autonomía e independencia para ejercer sus funciones de control y regulación no deja de ser un sofisma, pues sus actuaciones siempre están mediadas por la discrecionalidad que ejerce sobre ellos el Presidente de la República, a quien, cuando la presión de los intereses en pugna llega a un clímax, le toca actuar como árbitro de última instancia, cuya manifestación más evidente es la aceptación de la renuncia del funcionario cuestionado.

No es sino recordar los casos de los entonces superintendentes de Control de Cambios, uno de los cuales se atrevió a imponer una cuantiosa multa a uno de los industriales más poderosos del país, por el no reintegro al Banco de la República de una cuantiosa suma de dólares, evento que terminó con la queja al más alto nivel del afectado y la consiguiente aceptación de la renuncia del funcionario; y, unos años antes, del bancario, por haber accedido a divulgar los montos de los créditos de la Caja Agraria sobre una famosa hacienda en los llanos orientales, objeto de un escándalo político que afectaba a la casa presidencial de entonces.

En años recientes tenemos el caso del gobierno pasado, cuando, ante la queja de personajes muy allegados al poder, por actuaciones del entonces superintendente bancario y financiero, se procedió a la salida del funcionario.
Con la llegada al gobierno del presidente Santos también hubo mucho ruido a raíz de la vinculación a este de doce o trece funcionarios provenientes de una firma bursátil que luego protagonizó un escándalo de grandes dimensiones, situación que el Gobierno supo capotear no interviniendo en las decisiones que al respecto se tomaron, pero que, sin embargo, el Procurador objetó mediante una sanción en cabeza del superintendente bancario y financiero.

No hay duda del alto nivel de formación profesional del equipo de superintendentes nombrado desde el primer gobierno de Santos, el cual en su mayoría se mantiene a cargo, con excepción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, cuyo titular de entonces, César González Muñoz, profesional de muy alto nivel y de los pocos egresados de la U. Nacional en el Gobierno, debió ceder su cargo para que el Presidente reorganizara su equipo por las presiones de género.

Pero en lo que atañe al ejercicio de las funciones de los superintendentes, al Presidente le tocó una coyuntura difícil cuando el alcalde Petro se atrincheró en las oficinas del Acueducto e impidió la actuación de la SIC, al tiempo que le exigía al Presidente que él (Petro), como primera autoridad del Distrito, tenía el derecho a imponer su modelo de gestión que privilegiaba lo público, razón por la cual el Gobierno central no debía obstaculizarlo.

Con ese apretado resumen quiero destacar que no es suficiente que los superintendentes se nombren por un periodo fijo sino que, además de lo anterior, esas entidades se reestructuren a fondo, dándoles suficientes dientes para que puedan actuar con verdadera autonomía e independencia.


Amadeo Rodríguez
*Economista consultor

 

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