Editorial: Una luz en un doloroso misterio

Editorial: Una luz en un doloroso misterio

Establecer qué pasó con los desaparecidos del Palacio seguirá siendo una obligación del Estado.

20 de octubre 2015 , 08:16 p.m.

A escasas tres semanas de completar tres décadas de incertidumbre, las familias de los desaparecidos en el Palacio de Justicia, y el país con ellos, reciben la noticia de que tres de esas víctimas fueron plenamente identificadas por la Fiscalía.

Tal y como lo comentábamos en este espacio, a propósito de la importancia del acuerdo alcanzado en La Habana entre el Gobierno y las Farc, los desaparecidos, como los secuestrados que nunca volvieron a sus hogares, encarnan una de las facetas más dolorosas de la guerra en Colombia. Esperando por años noticias de los que nunca retornarán, algunas familias llevan décadas sin poder cerrar el duelo por el doloroso hecho de no tener un cuerpo o unos restos que enterrar.

El caso del Palacio de Justicia es emblemático. En noviembre de 1985, la guerra se vivió en la plaza de Bolívar de Bogotá, en un doloroso capítulo que aún no ha sido plenamente esclarecido por la historia. El paradero de los desaparecidos sigue siendo, por supuesto, el mayor interrogante de ese evento que marcó al país, pero faltan también luces, por ejemplo, sobre la verdadera incidencia del narcotráfico en la irracional acción terrorista del M-19 y sobre el posible desborde del poder militar sobre el Gobierno de la época.

Muy lentamente (demasiado, sin duda) se van despejando tantos nubarrones. Este martes, luego de una paciente labor de investigación que llevó a la búsqueda de nuevas pistas sobre el misterio en varias regiones del país y a nuevas pruebas antropológicas y de ADN sobre restos recuperados de una fosa del Cementerio del Sur de Bogotá, la Fiscalía anunció que logró identificar plenamente los cuerpos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Luz Mary Portela León y Lucy Amparo Oviedo Bonilla.

Sus familias recibirán ahora los restos, pero, como bien lo señalaron, esperan ahora que se haga plena claridad sobre la manera como perdieron la vida en los luctuosos sucesos de ese noviembre de hace 30 años. Encontrar esta otra pieza que le falta al rompecabezas es fundamental para ellos, y no lo es menos para el país. Dramáticamente, para otras dos familias, las de María Isabel Ferrer Velásquez y Libia Rincón Mora, empieza la tragedia de la búsqueda, pues en las tumbas que estuvieron a su nombre en estas tres décadas reposaban, en realidad, los restos de las señoras Guarín y Portela.

Así, establecer qué pasó con estas dos nuevas víctimas, y con las 8 del grupo de 11 desaparecidos, seguirá siendo una obligación para el Estado colombiano. Lo que muestran los hechos es que, como lo sostiene la defensa de los militares procesados y condenados por la retoma, algunos de los desaparecidos en realidad estarían entre el centenar de víctimas mortales de esos dos días de horror, muchas de las cuales fueron a parar, sin el menor respeto a su memoria y a los protocolos de identificación, a fosas comunes.

Pero esta realidad no desvirtúa, ni mucho menos, la evidencia documentada en varios procesos judiciales y académicos de que la respuesta a una acción terrorista condenable terminó excediendo todos los diques (además de las desapariciones se investigan ejecuciones extrajudiciales) y que algunos de los encargados de proteger las instituciones terminaron arrasando con ellas.

editorial@eltiempo.com

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