Justicia de EE. UU. reconocería a víctimas de narcos en Colombia

Justicia de EE. UU. reconocería a víctimas de narcos en Colombia

Decisión en caso del exparamilitar Hernán Giraldo marca precedente histórico para futuros casos.

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19 de octubre 2015 , 09:16 p.m.

Una Corte de Apelaciones en Washington acaba de dejar la puerta abierta, y de par en par, para que las víctimas del narcotráfico en Colombia puedan ser tenidas en cuenta en procesos judiciales por este crimen en Estados Unidos. (Vea el gráfico: Las deudas del exjefe paramilitar Hernán Giraldo con la justicia colombiana).

Esta tribunal, que opera como instancia superior y solo está por debajo de la Corte Suprema de Justicia, le ordenó hace algunos días a una Corte de Distrito revisar un fallo en el que negaba los derechos de los familiares de una víctima del exparamilitar Hernán Giraldo Serna.

En su sentencia, la Corte de Apelaciones dice que la familia debería ser admitida en el proceso y reconocida a la hora de sentenciar a Giraldo Serna. Lo cual podría agravar la condena del exparamilitar y permitir que los familiares sean indemnizados.

Si la decisión se sostiene (lo más probable es que sí) sería histórica, pues nunca antes se había reconocido ese derecho a las víctimas y marcaría un precedente para futuros casos.

"Esta decisión es un primer reconocimiento judicial de una realidad que han vivido los colombianos por décadas. Los crímenes cometidos por Hernán Giraldo Serna, como otros grandes narcotraficantes, no solo se deben medir por los kilos que llegaron a EE. UU., sino por la extrema violencia que causaron. La decisión de la Corte de Apelación constituye un precedente y abre una vía legal para también atender el costo humano del narcotráfico", dijo a EL TIEMPO Roxxana Altholz, abogada de la Universidad de Berkeley, en California, y que está representando a la familia.

El exparamilitar fue extraditado a EE. UU. en el 2008 para que respondiera por cargos de tráfico de drogas y desde entonces negocia un acuerdo de culpabilidad con la justicia de este país.

Pero hace cinco años Altholez elevó a una petición ante el Juez Reggie Walton -a cargo del caso de Giraldo- para que se reconociera como parte del proceso a los familiares de Julio Henríquez, un activista y desmovilizado del M-19 quien fue asesinado por órdenes de Giraldo en julio de 2001.

Henríquez había fundado la ONG Madre Tierra y promovía entre campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta un programa de sustitución de cultivos.

Por este asesinato, reconocido por el propio Giraldo, el exparamilitar ya fue sentenciado en Colombia a 39 años de cárcel. Durante ese proceso sus lugartenientes reconocieron que la muerte de Henríquez fue sentenciada, pues atentaba contra los negocios de narcotráfico de su jefe.

Para lograrlo Altholz invocó el Acto para los Derechos de las Víctimas de Crímenes, una ley que aprobó el Congreso de EE.UU. y cuyo fin es permitir que se haga justicia para las víctimas de un crimen así este no se relacione con ella de manera concreta.

"Para nosotros había un claro nexo entre el asesinato de Henríquez y los cargos de narcotráfico que se le imputan a Giraldo, pues el crimen se cometió para que Giraldo continuara con su negocio", sostiene Altholz.

En febrero de este año, y cuando ya el proceso contra Giraldo estaba en su recta final, Walton decidió permitir la presencia de la familia, pero solo como "observadores".

Si bien fue un triunfo importante, ya que hasta ese momento el caso se encontraba sellado (ni las víctimas sabían lo que estaba pasando), estaba lejos del objetivo final que era ser reconocidos como parte integral de los procedimientos.

Pocos meses después, y tras varias audiencias, Walton le dio la razón a la defensa de Giraldo cuando alegó que el asesinato de Henríquez no se podía asociar al paramilitar, pues los cargos que este admitía en el acuerdo de culpabilidad solo incluían un rol como protector de cargamentos de coca que transitaban por el territorio que controlaba y no de productor o distribuidor.

Así mismo, que no existía evidencia que relacionara la muerte de Henríquez con el cargamento de coca específico por el que se responsabilizaba a Giraldo.

Tras revisar el caso, la Corte de Apelaciones le dice a Walton que interpretó de una manera errónea el Acto para los Derechos para la Víctimas de Crímenes y da dos razones demoledoras.

La primera, dice la Corte, es que la intención del Acto era que los jueces fueran más allá de la simple imputación de cargos (el encausamiento o 'indictment') o el acuerdo de culpabilidad a la hora de decidir si una víctima tenía derechos en el caso.

"En el contexto de esa conspiración criminal ni el encausamiento ni el acuerdo de culpabilidad menciona violencia de ningún tipo. Y sin embargo la lógica permite inferir, y así lo sugiere el material de los cortes colombianas, que la organización paramilitar de Giraldo Serna, que dependía de impuestos de guerra para financiar sus operaciones y de tropas para controlar la región cocalera, empleó la violencia y la fuerza como métodos de operación", dice el texto, conocido por EL TIEMPO.

En otras palabras, que la Corte estaba obligada a considerar no solo lo que el acusado reconoció, sino cualquier otro elemento disponible para juzgar su conducta.

La segunda, dice la Corte, es que sería injusto obligar a la familia a demostrar que el delito de narcotráfico de Giraldo Serna fue la causa directa y más próxima a la muerte de Henríquez. Sobre todo por que la defensa intentó argumentar que Henríquez, por su pasado como guerrillero, pudo haber sido asesinado por otras personas.

"Aunque es cierto -dice la Corte- que pudieron ser varias las razones que contribuyeron al asesinato de Henríquez, también es cierto que una causa probable del asesinato es que Henríquez lideraba una organización que se dedicaba a poner fin a la producción de coca en una región bajo el control directo de la conspiración (de la que se acusa a Giraldo)".

En el párrafo final de la sentencia, la Corte de Apelaciones le dice al juez que "malinterpretó el estándar legal y abusó de su discreción". Walton tiene ahora que decidir si acata el regaño de la Corte o construye un argumento nuevo.

Pero lo más probable, dado que se trata de la sentencia de una Corte Superior, es que haga lo primero y permita a las víctimas ser parte en el tramo final de los procedimientos y los tenga en cuenta a la hora de dictar la sentencia.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

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