Editorial: Que triunfe la verdad

Editorial: Que triunfe la verdad

El debate por las sanciones impuestas en contra del sector azucarero no para.

17 de octubre 2015 , 08:11 p.m.

No ha sido dulce la polémica en la que andan enfrascados distintos sectores de la sociedad a raíz de la resolución que expidió el pasado 7 de octubre la Superintendencia de Industria y Comercio, que atañe al sector azucarero en Colombia. Como bien lo sabe la opinión, la mencionada entidad determinó, tras años de investigación, que una docena de ingenios, un par de sociedades dedicadas a la comercialización, el gremio del sector y una serie de personas habían infringido el régimen de protección de la libre competencia. El castigo fue la imposición de multas que, en conjunto, superan los 320.000 millones de pesos.

Desde entonces las reacciones han sido múltiples. La postura de los afectados, expresada a través de los medios de comunicación, es que el proceso adolece de fallas protuberantes y que, incluso en el caso de existir alguna responsabilidad, los castigos son excesivos. Tanto que pondrían en entredicho la viabilidad financiera de más de una empresa, con consecuencias indeseables en lo social y lo económico.

Tales planteamientos son respetables. De ahí que es deber de la Superintendencia estudiar con detenimiento los diferentes recursos de reposición que se interpongan oportunamente, ante lo cual no puede tener un camino diferente que apegarse al derecho y a las evidencias recabadas. La razón es que aquí está en juego no solo la suerte de actores claves en una importante actividad, sino la propia credibilidad de un esquema que ha venido siendo incorporado de manera creciente en las sociedades más avanzadas.

Nos referimos, por supuesto, a la protección del consumidor. De un tiempo para acá, son cada vez más notorios los instrumentos que se utilizan en múltiples naciones para asegurar no solo que exista un marco que garantice la libre competencia, sino para intervenir cuando el sector privado actúa con el fin de hacer acuerdos que le permiten operar en forma coordinada para cobrar más por determinados bienes y servicios e incrementar sus márgenes de ganancia a expensas del público.

Por culpa de esa aproximación, orientada a defender el bien común sobre el particular, en Estados Unidos y la Unión Europea son numerosos los casos de penas pecuniarias por cuantías que en ciertos casos ascienden a miles de millones de dólares. No solo se trata de golpear en el bolsillo a los responsables de excesos identificados, sino de enviar un mensaje ejemplarizante con objeto de demostrar que la tolerancia a ciertas prácticas está en vías de extinción.

En lo que corresponde a Colombia, los desarrollos legales comenzaron hace más de seis décadas. Sin embargo, como en tantos otros temas de interés nacional, y no obstante lo expresado por la palabra escrita, la aplicación práctica de las normas resultó escasa hasta que cerca de un cuarto de siglo atrás empezaron a fortalecerse las facultades de las autoridades. Más recientemente, leyes y decretos reglamentarios le dieron dientes a la Superintendencia, que no ha dudado en usarlos.

Lo anterior no quiere decir que la entidad sea infalible. En el caso que nos ocupa, el análisis hecho tiene que ser capaz de pasar el examen que seguramente acabarán haciendo los tribunales de lo contencioso administrativo en su momento, a fin de procurar que la jurisprudencia contribuya, a su manera, a proteger al consumidor.

Mientras ese momento llega, hay que rechazar los intentos de deslegitimar las decisiones adoptadas. Pretender que aquí hay un tema de retaliaciones políticas no solo es equivocado, sino que le hace daño a quien lo insinúa. No menos inquietante es querer usar el Congreso para armar ‘gavillas’ regionales que le producirían un daño inmenso al marco institucional si acaban teniendo éxito.

Por tal motivo, hay que hacer votos para que prime la sensatez y triunfe la verdad. Es de esperar que la Superintendencia tendrá la cabeza fría suficiente y el espíritu crítico necesario para evaluar su propia actuación a la luz de lo que se le argumente, pues su propósito no puede ser el de llevar a nadie a la desaparición, sino el de aconductarlo.

Y en cuanto a la industria azucarera, su permanencia en el tiempo no puede estar supeditada a estar por encima de las reglas. Como otros renglones sensibles en diversas latitudes, el segmento se mueve en condiciones de privilegio que a más de uno le parecen excesivas y que ameritan revisiones razonables, propias de una economía abierta y competitiva. Los anuncios de movilizaciones populares, estimuladas por el temor de despidos masivos y quiebras generalizadas, le hacen un flaco favor a su causa.

De ahí que sea indispensable insistir en que su inocencia –que ojalá se demuestre– dependerá del peso de sus argumentos, no de su capacidad de presión. Solo así se eliminará cualquier sombra de duda con respecto a una actividad que ha sido y debería seguir siendo clave para el desarrollo regional y nacional.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com.co

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