Unidad de Víctimas marca hito con la reparación a ONG

Unidad de Víctimas marca hito con la reparación a ONG

Instituto Popular de Capacitación, de Medellín, será la primera que será resarcida.

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17 de octubre 2015 , 07:07 p.m.

Casi dos años de conversaciones tuvieron que pasar para que el Instituto Popular de Capacitación (IPC), una de las ONG de derechos humanos más emblemáticas del país, aceptara el plan de reparación propuesto por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (Uariv).

Ahora, gracias al acuerdo alcanzado, el IPC pasará a la historia como la primera organización de su tipo que se beneficia de un programa de resarcimiento colectivo del Estado por los perjuicios sufridos durante el conflicto armado.

Las conversaciones comenzaron formalmente el 28 de noviembre del 2013, dentro del marco de la Ley de Víctimas y Reparación de Tierras (2011), aunque en octubre del 2012 tuvieron lugar las primeras aproximaciones.

Ahora, finalmente, se conoce que la Unidad de Víctimas ejecutará el plan, avaluado en unos 2.000 millones de pesos, que supone medidas que van desde la reconstrucción del archivo documental de la organización hasta la creación de programas de capacitación en derechos humanos para distintas comunidades, pasando por la recuperación de los contactos con instituciones similares en el extranjero.

De esta manera, el Estado pretende resarcir la persecución de diversos tipos y actores que sufrió el IPC por sus investigaciones, entre la década del 90 y el año 2000.

Una historia de ataques

En la tarde del jueves 28 de enero de 1999, seis personas armadas entraron a la sede del Instituto Popular de Capacitación, en el barrio Prado Centro, de Medellín, y se pasearon por las oficinas buscando a cuatro objetivos: el director de la organización, Jairo Bedoya; el coordinador del programa de derechos humanos, Jorge Salazar; la coordinadora del programa de desarrollo, Claudia Tamayo, y la directora administrativa, Olga Rodas.

Los sujetos informaron a los presentes que se los llevarían durante algunas horas para “aclarar” sus nexos con la guerrilla y advertir que no permitirían que la subversión y el comunismo se tomaran la capital antioqueña.

A las mujeres las liberaron 11 días después y a los hombres, luego de diez más. Con el tiempo se supo que la orden de “revisión” la dio Carlos Castaño Gil, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y que la operación había sido ejecutada por la banda sicarial ‘la Terraza’, por contacto del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, ‘Don Berna’.

Siete meses después, en la madrugada del 29 de agosto de 1999, un carro bomba destruyó la primera planta de la sede, en la que se encontraba el archivo de documentación, con los datos de buena parte de sus investigaciones. Y, tras poco más de un año, el 9 de octubre del 2000, mensajes grabados en los contestadores del instituto advertían que el equipo de derechos humanos del IPC, Nelson Restrepo, Juan Muñoz, Freddy Vélez, Ignacio Arango y Wílfer Bonilla, estaba en la mira. Todos ellos, con excepción de Arango, salieron exiliados del país.

Estos tres hitos marcaron la pérdida de la influencia que el IPC había logrado con sus informes y la destrucción de una base de datos que se creó en 1994 y que recogía las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, así como denuncias de homicidios, masacres, desaparición forzada y desplazamiento en Antioquia.

Sus miembros recuerdan que el trabajo les valió una persecución sistemática, en la que habrían participado agentes del Estado.

Martha Peña, vocera del Instituto, afirma que éste aceptó el plan de la Unidad de Víctimas “por el momento de paz que el país está viviendo y, también, para darle impulso al tema de la reparación colectiva”. Sin embargo, señala que al Estado aún le falta ejecutar campañas que garanticen la no criminalización de la protesta y promuevan la lucha por los derechos humanos, aspectos “deficitarios en la democracia colombiana”.

De hecho, tras la aceptación, el IPC envió una carta a la Unidad de Víctimas en la que se lee que “el Estado no está preparado para emprender estos procesos (...) No necesariamente es responsabilidad de la Uariv y su dirección. Queremos significar que, como sociedad, no estamos en la senda de reparar la democracia. Todavía hay mucho miedo, mucha complacencia con la impunidad”.

Carolina Albornoz, subdirectora de Reparación Colectiva de la Unidad, señala que “hay daños que son irreparables, pero el plan es una oportunidad para restablecer parte de los derechos vulnerados; queremos, en una nueva reunión, tener las claridades de lo que quieren (en el IPC) de cara al proceso”.

El Estado, agrega la funcionaria, ha identificado a 300 posibles sujetos de reparación colectiva. El IPC forma parte de los colectivos que la Unidad de Víctimas incluyó en su Estrategia de Casos Nacionales, dirigida a organizaciones que representan a la sociedad colombiana y cuyos derechos han sido vulnerados por los diversos actores del conflicto.

Dentro de esa estrategia se encuentran también la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), el movimiento sindical, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc), los colectivos de periodistas, concejales y diputados afectados, y la Unión Patriótica.

‘El daño ya está hecho’

Entre los miembros del equipo de derechos humanos del IPC que fueron amenazados en el 2000 estuvo Ignacio Arango, quien además integró el comité de impulso que se reunió periódicamente con la Unidad de Víctimas. “Los efectos de la verdad apenas se están conociendo –afirma–. Hay necesidad de justicia. Los efectos que en su momento buscaban los violentos se cumplieron: lograron que las organizaciones de derechos humanos no investigaran más ni dieran a conocer la realidad del paramilitarismo. El daño ya está hecho. Nuestro equipo quedó desbaratado”.

REDACCIÓN DOMINGO

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